COMUNA 15

Nación presentó una cautelar para frenar la cesión de terrenos en Villa Crespo

La AABE presentó otra cautelar para que no se altere la situación de los terrenos del sector denominado "Estación Villa Crespo", del ferrocarril San Martín. La rezonificación de este proyecto para su posterior venta va a ser tratada en la Legislatura el jueves 28.


Luego de solicitar una medida cautelar el lunes por los terrenos conocidos como Triángulo de Salguero, ayer martes, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentó otra cautelar, esta vez, para que se ordene al Gobierno porteñono alterar la situación de hecho o de derecho de los terrenos” del sector denominado "Estación Villa Crespo", situado en la línea del ferrocarril San Martín, a la altura de la intersección con la avenida Corrientes, entre avenida Dorrego y Humboldt, informa Página 12.
 
La rezonificación de ambos proyectos para su posterior venta iba a ser tratada mañana en la Legislatura, pero curiosamente el oficialismo suspendió la sesión aduciendo que había pocos temas a tratar. Desde la oposición, diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda comentaron a Télam que, en realidad, la medida fue tomada desde la bancada que responde al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por la "difícil tarea" de defender esos dos proyectos en medio de la "crisis habitacional y sanitaria expuesta por la pandemia de coronavirus en la Ciudad".
 
"No pueden hacerla para tratar estos temas, es un escándalo. Sí tendría que hacerse una para discutir los temas de la pandemia y no la quieren convocar", comentó Gabriel Solano (PO-FIT). Finalmente, la sesión pasó al jueves 28.
 
Estas tierras pertenecían al Estado Nacional y fueron transferidas a la Ciudad durante los últimos días de la gestión de Mauricio Macri. Este traspaso no respeta la regla del fin de mandato, que obtura la posibilidad de una donación o venta de activos fijos durante los últimos seis meses del mandato.
 
La medida presentada por el director de la AABE, Javier Cippitelli, ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo, solicita habilitar la feria judicial y que "se dicte de manera urgente una medida de NO INNOVAR" a los fines de que se ordene al Gobierno porteño no alterar la situación del sector donde el larretismo busca crear la Urbanización Especial Entorno Estación Villa Crespo.
 
El Jefe de Gobierno impulsa la construcción de torres de 45 metros de altura que, según sospechan los vecinos y las organizaciones sociales de la Comuna 15 que se oponen al proyecto, servirían para ampliar el polo comercial del estadio Movistar Arena, que tiene permiso de uso precario sobre uno de los predios.
 
El escrito sostiene que la medida para que no se altere la situación de hecho o de derecho, debe durar "al menos hasta que finalice el proceso de investigación" fijado por el Decreto 149/2020, firmado en febrero pasado por el presidente Alberto Fernández, por el cual instruye a la AABE a revisar "la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional" a la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019.
 
Del resultado de dicha investigación, cuyo plazo inicial de 60 días fue extendido producto de la pandemia de coronavirus, podrían surgir ilícitos o irregularidades que podrían implicar la nulidad de los traspasos.
 
En este sentido, el texto advierte que: "No es casual que mientras el Estado Nacional se encuentra en revisión de las diversas transferencias de inmuebles efectuadas por la anterior Gestión al GCBA..., este último intente y aproveche la situación actual para comenzar a efectuar todos los trámites administrativos necesarios para lograr la venta del inmueble y de esta manera perjudicar los derechos del Estado Nacional Argentino, en otras palabras, la de todos los argentinos".
 
La rezonificación de las dos parcelas paralelas al viaducto donde estaba la estación ferroviaria Villa Crespo, avanzó pese al rechazo de organizaciones sociales, vecinos, comuneros y sectores de la oposición. El oficialismo porteño aprobó en noviembre pasado en primera lectura la ley (2795) para darle una nueva normativa urbanística, determinando su capacidad constructiva. En marzo se realizó la audiencia pública obligatoria, una de las últimas que se realizaron antes de que se declarara la cuarentena, en la que los vecinos y organizaciones del barrio y comuneros dejaron en claro su rechazo al proyecto inmobiliario en la comuna.
 
El legislador Juan Manuel Valdés del Frente de Todos dijo a Página 12 que "esto marca que el Gobierno Nacional tiene una posición clara en cuanto a investigar y frenar el proceso de privatización de tierras públicas que llevó adelante el macrismo. Tomar los bienes públicos como una inmobiliaria es un ciclo que se terminó, y el Gobierno porteño debería tomar nota", advirtió.
 
El texto presentado por Cippitelli, enumera también una serie de irregularidades que se están investigando sobre los terrenos que fueron cedidos por Nación, durante el gobierno de Macri, a Ciudad como forma de pago porque la Ciudad se hizo cargo de una deuda de 175 millones de dólares (una parte de la deuda de 400 millones de dólares que tomó el Estado nacional con la Corporación Andina de Fomento) para costear el Paseo del Bajo.
 

Entre esas irregularidades que se encuentran bajo análisis, se señalan: la dudosa necesidad que Nación financiara una obra que era sólo para la Ciudad; la posible violación de la normativa vigente para transferencia de inmuebles que la gestión de Macri habría violentado, al igual que la propia AABE durante dicha administración; también se pone en duda la utilización de un inmueble para cancelar parcialmente una deuda porque colisiona con la normativa prevista.

En tanto, Leonardo Lucchese miembro de la Junta Comunal 15 por el Frente de Todos expresó a Nueva Ciudad que “A la espera inmediata de que la justicia falle a favor de lo requerido por la AABE, ayer empezamos a sentir que todo empieza a ser más justo. En efecto, el Convenio Marco firmado entre la administración del ex presidente Mauricio Macri y el actual jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta es a todas luces un nuevo atropello a la comunidad dado que tiene como finalidad generar negocios inmobiliarios con el objetivo de la gentrificación que viene imponiendo el Gobierno porteño, principalmente en el barrio de Villa Crespo”.
 
“Hemos constado que se propicia el cambio de zonificación afectando severamente los derechos adquiridos por la Asamblea Vecinal de Juan B. Justo y Corrientes – desde hace más de 20 años- y de vecinos del barrio”, continúa Lucchese y agrega: “Obviamente no es casual, que el Gobierno de la Ciudad aproveche este momento de angustia e incertidumbre que atraviesa la ciudadanía a causa del Covid-19, cuando en realidad los esfuerzos deberían estar destinados al cuidado de los habitantes en relación a la salud, educación y alimentación de todos los ciudadanos. Así, el Gobierno porteño aprovechó la situación actual para comenzar a efectuar los trámites administrativos necesarios para lograr la venta del inmueble y de esta manera perjudicar, una vez más, los derechos de todos los vecinos. Es momento de poner las cosas en su lugar”.
 
“Estamos convencidos que esta lucha recién comienza, y conociendo al oponente sabemos que intentará -por cualquier medio- seguir avanzando en busca de consolidar un nuevo negocio inmobiliario que a todas luces resulta disparatado. Ello, teniendo en cuenta que está pensado en un tipo de construcción en la cual no se ha analizado en términos reales el daño que produciría a la zona por demás saturada. Teniendo en cuenta el proceso que estamos viviendo y que una vez terminada la pandemia nada volverá a ser lo mismo; es indispensable pensar en nuestra querida Ciudad de otra manera, es hora que los procesos de participación ciudadana sea efectivos y no un espejismo para las redes sociales. Sin ningún tipo de duda, ha llegado la hora de pensar en que ciudad queremos vivir y es momento de pensarlo entre todos”, concluyó Lucchese.

Por su parte, su compañera de bloque la comunera Nancy Bolaño dijo que "la venta de terrenos públicos para grandes negocios inmobiliarios a espalda de los vecinos ha sido el sello del Gobierno de la Ciudad. No nos oponemos al desarrollo del barrio, pero tiene que hacerse con una consulta real, atendiendo el reclamo de los vecinos".
 
 
 
 


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