EMERGENCIA SANITARIA

La Justicia le ordenó a Larreta que garantice el agua potable en las villas porteñas

Luego de que la Villa 31 tuviera sectores con más de diez días sin agua en plena pandemia de coronavirus, la Justicia de la Ciudad le ordenó al Ejecutivo local que garantice el acceso al servicio a todos los porteños y porteñas por igual.



Mientras se agrava la situación por el aumento de casos de coronavirus en las villas porteñas y luego de que la 31 de Retiro tuviera sectores con más de diez días sin agua en medio de la pandemia, la Justicia de la Ciudad le ordenó al Ejecutivo a cargo de Horacio Rodríguez Larreta que garantice el acceso al agua a todos los habitantes del distrito capitalino.

Tras la acción judicial presentada el 7 de abril por la CTA-A Capital, Jonatan Baldiviezo por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Claudio Lozano por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la justicia porteña resolvió que es el gobierno de la ciudad quien debe garantizar el acceso al agua a todos los habitantes de la ciudad en igualdad de condiciones.

A pesar de que Larreta se declaró incompetente días atrás, el fallo de la Justicia reconoce que no está garantizado el derecho igualitario al agua potable y obliga al Gobierno de la Ciudad a entregar entre 150 y 300 litros de agua potable por día por habitante a cada vecino y vecina de los barrios populares de la ciudad que no tengan acceso al agua de red o donde éste se vea interrumpido.

La Justicia le dio un plazo de 5 días hábiles al Jefe de Gobierno para elaborar un plan de contingencia consensuado con la comunidad de cada barrio y con cronograma de entrega de agua a granel. Y debe desarrollar, en simultáneo, un protocolo de actuación para que las familias puedan manipular y utilizar el agua de manera segura para la salud.

"Esta sentencia histórica operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable disponiendo como dotación diaria por habitante para los Barrios Populares la que corresponde al resto de la ciudad", remarcó María Eva Koutsovitis, ingeniera y docente FIUBA, integrante del Frente barrial Salvador Herrera y CTA-A Capital. “Esta cautelar es un balde de agua fría para Larreta y un alivio para los vecinos y vecinas de los barrios populares de la ciudad sobre un derecho que se nos venía negando de hace muchos años”, resaltó Franco Armando, del mismo frente territorial y vecino del barrio Padre Carlos Mujica.

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