JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE

Preocupante: se cayó el amparo que impedía al GCBA avanzar con la incineración de basura

La Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario rebatió la resolución que en su momento hiciera la jueza Liberatori, que ordenaba la suspensión de los efectos de la Ley 5966, que permite la quema de basura y fue aprobada en medio de un escándalo en la Legislatura.



La Justicia revocó la cautelar que impedía al Gobierno de la Ciudad la puesta en marcha de la incineración de basura. Así, el fallo de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario rebatió la resolución que en su momento hiciera la jueza Elena Liberatori, que ordenaba la suspensión de los efectos de la Ley 5966.

Esa ley modificó la N° 1.854 de Basura Cero, con el fin de autorizar en la ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización). Cabe recordar que el proyecto para modificar la ley de Basura Cero, impulsado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se aprobó en la Legislatura en mayo de este año en medio del escándalo.

No sólo por la tensa sesión, que incluyó el repudio de cartoneros y recicladores gritando "¡asesinos!" a los diputados que votaron a favor, mientras sonaba la marcha fúnebre y activistas de Greenpeace alzaban carteles y banderas con la consigna "Quemar basura mata". También, porque horas antes se habían revelado documentos oficiales que reflejan manipulación de información y presiones a periodistas y ambientalistas para incidir en su postura sobre la incineración de basura.

Tras la escandalosa aprobación, un grupo de organizaciones recurrieron a la Justicia para denunciar que la norma es inconstitucional porque no cumplió con los procedimientos de doble lectura para su aprobación. La demanda fue impulsada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, La Cooperativa El Ceibo, La Cooperativa de Trabajo El Álamo, La Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, La Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, La Cooperativa del Sur, La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), La Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

En junio último Liberatori se pronunció a favor de los denunciantes, al ordenar la suspensión de los efectos de la nueva normativa. Pero un reciente fallo de Cámara al que accedió Nueva Ciudad revocó esa medida. En su resolución, los jueces consideraron que “los actores no demuestran por qué razones aguardar hasta el dictado de la sentencia definitiva podría llegar a producirles algún perjuicio de imposible o muy difícil reparación ulterior” y “tampoco se precisa cuáles serían los efectos negativos que la sola vigencia de la ley resistida proyectaría sobre el bien colectivo ambiente”. Por eso consideraron que “al no identificarse alguna circunstancia susceptible de impedir o dificultar los efectos prácticos de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión, no se encuentra acreditado el peligro en la demora, indispensable para obtener una tutela cautelar como la requerida”.

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