La Justicia rechaza el freno a la reforma laboral y convalida el traspaso de tribunales a la Ciudad

La justicia federal dictó este miércoles un fallo de alto impacto político y jurídico que representa un duro revés para la estrategia de la central obrera. El magistrado Enrique Lavié Pico, titular del juzgado interviniente, decidió no dar lugar al pedido de suspensión inmediata de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral, la cual fue sancionada recientemente en sesiones extraordinarias y publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo. La resolución judicial permite que sigan vigentes los puntos que disponen el cierre progresivo de juzgados nacionales y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para integrarlos al sistema judicial porteño.



En los fundamentos del fallo, el juez sostuvo que, dada la celeridad con la que se tramita la acción de amparo presentada por el gremialismo, no se advierte un peligro de demora que justifique una medida excepcional de este tipo. El magistrado argumentó que los elementos aportados por la representación sindical no demuestran de manera suficiente la existencia de un perjuicio irreparable que pueda frustrar la futura sentencia definitiva. De esta manera, el tribunal optó por priorizar el orden natural del proceso judicial, postergando la discusión sobre la constitucionalidad de la norma para el análisis del fondo de la cuestión.

La ofensiva legal de la CGT se basaba en la advertencia de un inminente colapso institucional y judicial. El sindicato reclamaba la nulidad de los artículos mencionados, alegando que el acuerdo de transferencia se realizó sin la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral del Congreso. Además, los asesores legales del gremio sostuvieron que estos cambios vulneran el principio de progresividad de los derechos laborales, al tiempo que cuestionaron otros ejes de la ley como el nuevo sistema de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral y las modificaciones en la retención de cuotas sindicales, que ahora requieren el consentimiento expreso de cada trabajador.

Pese a este traspié en los tribunales federales, la conducción sindical ya ha adelantado que agotará todas las instancias legales. El conflicto parece encaminarse inexorablemente hacia la Corte Suprema de Justicia, mientras en el horizonte inmediato el club gremial enfrenta el desafío de contener los efectos operativos de la reforma. En las próximas semanas, la batalla se trasladará a la implementación técnica del traspaso y a la reglamentación de los servicios esenciales y trascendentales, donde la nueva normativa exige coberturas mínimas de hasta el 75% durante las medidas de fuerza, lo que tensará aún más la relación entre la Casa Rosada y las organizaciones sindicales.