Cuestionan el proyecto de traspaso de la Justicia nacional a la jurisdicción porteña

La Asociación de Magistrados (AM) cuestionó el proyecto de ley para traspasar ciertas competencias “de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la Ciudad al ámbito del Poder Judicial” porteño. El Ministerio de Justicia le aseguró al diario Clarín que hubo diálogo antes de presentarlo y que “lo seguirá habiendo”, aunque reconocieron que no se pudo presentar con el consenso de todos.

El proyecto contempla “en un plazo de siete años”, traspasar “la jurisdicción, competencia y órganos no federales” como así también “el registro de la propiedad inmueble y la Inspección General de Justicia” a la justicia ordinaria local. A su vez “la transferencia incluye a magistrados, funcionarios, empleados, medios materiales e inmateriales, bienes muebles e inmuebles, además de ser acompañado de los recursos”.

En un comunicado, la Asociación de Magistrados dijo que “no puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley”. En diálogo con Clarín, el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, detalló que “la gradualidad y progresividad que propone el proyecto no obliga a nadie a pasarse”.

Según estiman desde el Gobierno, “Se pasarán primero juzgados vacantes y las competencias relacionadas con la justicia penal (de hecho ya hay ciertos delitos que se tramitan en CABA) y laboral”. Luego se pasarían Comercial y Civil.

Sin embargo, desde la AM proponen crear nuevos tribunales en el marco de la Justicia nacional para no traspasar la demanda de una jurisdicción a otra. En este marco, consideraron que el proyecto del Gobierno tiene “asidero solo en la agenda política” ya que “no se trata de una demanda de la ciudadanía o de los operadores de justicia”.

Del lado de las voces favorables Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados, sostuvo que “Si en principio este proyecto sirve para acelerar los tiempos procesales y, por ende, mejorarle la vida a la gente, lo vemos bien pero primero hay que trabajar para que la Justicia local mejore ya que solo tiene 20 años de existencia y, pese a tener un volumen mucho menor de causas, en muchos casos se tarda en resolver un caso lo mismo que la Justicia nacional que tiene 100 años”.