La Legislatura porteña sancionó la Ley de Educación Digital Integral (EDI) con 43 votos afirmativos, 13 abstenciones y ningún voto en contra. La iniciativa fue impulsada por María Bielli, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y legisladora de Fuerza por Buenos Aires, e integra aportes del PRO y la UCR.
Las abstenciones correspondieron al bloque de La Libertad Avanza, el único que no acompañó la norma.
La ley establece la incorporación de contenidos pedagógicos obligatorios sobre el uso responsable, ético y crítico de las tecnologías en todos los niveles del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada. Entre los temas que abarca figuran la ciudadanía digital, la protección de la privacidad y los datos personales, el funcionamiento de los algoritmos, la desinformación, las apuestas en línea y el bienestar digital. La norma también contempla la prevención, identificación y abordaje de distintas formas de violencia digital, entre ellas el grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital y la difusión de imágenes sin consentimiento.
En materia de inteligencia artificial, la ley establece criterios específicos para su uso en las escuelas porteñas, determinando que los sistemas de IA deben emplearse con fines pedagógicos y bajo principios de privacidad, transparencia, pertinencia educativa, accesibilidad y protección reforzada de datos personales.
El Ministerio de Educación porteño, que será la autoridad de aplicación, deberá determinar qué sistemas de inteligencia artificial podrán utilizarse en las escuelas, elaborar protocolos para informar a estudiantes y familias sobre su implementación y monitorear su impacto.
La ley dispone además que todas las escuelas, tanto de gestión pública como privada, en los niveles primario y secundario, deberán contar con un referente pedagógico digital; en las instituciones estatales, esa figura recibirá el nombre de Facilitador Pedagógico Digital (FPD).
Quienes asuman ese rol deberán contar con título docente o trayecto pedagógico y formación específica en educación digital.
Asimismo, se contempla la designación de estudiantes promotores para fomentar el intercambio entre pares, y la realización de talleres para las familias sobre el funcionamiento de los algoritmos y los efectos de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes.
La ley no asigna partidas presupuestarias específicas para financiar las medidas; establece en cambio que quienes ya desempeñan tareas de facilitación digital tendrán tres años para acreditar la formación requerida, y que el Gobierno porteño contará con dos años para completar la dotación prevista en las escuelas públicas.
La obligación de garantizar conectividad y equipamiento tecnológico en todos los establecimientos pone en debate la infraestructura real de las escuelas porteñas, ya que la aplicación efectiva de la norma dependerá de que el Ejecutivo de Jorge Macri asigne los recursos correspondientes.
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