La Legislatura porteña aprobó la Ley de Libertad Comercial con el respaldo de LLA y el PRO

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el jueves 29 de octubre la Ley de Libertad Comercial, en el marco de una sesión en la que también se sancionaron otras iniciativas orientadas a reducir los tiempos de respuesta de la administración porteña y simplificar trámites para ciudadanos y operadores económicos. La votación cerró con 32 votos a favor y 22 en contra, con el sostén conjunto de La Libertad Avanza y el bloque del PRO.

La norma apunta a desregular y simplificar la apertura de negocios y actividades económicas en la Ciudad: aquellas consideradas de bajo riesgo podrán comenzar su funcionamiento desde el primer día, tras presentar una declaración jurada con la documentación correspondiente y obtener una constancia provisoria, sin necesidad de pasar por una inspección previa.

Los controles estatales se realizarán luego de que el comercio ya esté en funcionamiento: la primera inspección deberá concretarse dentro de los 180 días y, si el Gobierno porteño no la lleva a cabo en ese período por razones que excedan al administrado, la habilitación provisoria pasará automáticamente a ser definitiva.

La ley crea un régimen especial aplicable a comerciantes, pymes, profesionales, cooperativas y plataformas, y dispone la creación de una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas junto con un Legajo Digital Único vinculado al CUIT/CUIL del contribuyente.

La norma establece así un régimen especial de simplificación administrativa para el desarrollo de actividades económicas en el distrito.

Como viene ocurriendo en las últimas sesiones, la buena convivencia legislativa entre el oficialismo nacional y el local volvió a mostrarse en la jornada del jueves: LLA le dio al macrismo los votos para aprobar la emisión de nuevos títulos de deuda en el mercado local, que se sancionó con 37 votos positivos y 18 negativos, y el PRO lo retribuyó con su apoyo a la ley de libertad comercial.

Durante una conferencia de prensa posterior a la sesión, la legisladora Pilar Ramírez expresó su satisfacción por el respaldo recibido, destacó la necesidad de eliminar las trabas burocráticas impuestas por el Estado y agradeció a los legisladores del PRO que colaboraron en la aprobación, subrayando que el objetivo es facilitar la vida a los porteños que trabajan e invierten en la ciudad.

La entrada en vigencia de la ley quedará sujeta a su reglamentación, que deberá dictarse dentro de un plazo máximo de 120 días hábiles desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial.