Los jueces del fuero empresarial

Tras adquirir una cárcel propia, como contamos la semana pasada, el jefe de Gobierno procedió a trasladar masivamente presos a Marcos Paz en lo que fue un show pensado para compartir en redes sociales. Lo mismo hizo la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. Cada vez se instala más la idea de un gobierno para las redes.  No con políticas públicas serias, sino con espectacularidad. En tanto, sotto vocce, avanza la creación de una Justicia porteña a la que es difícil decirle laboral. ¿Qué tal si le decimos fuero empresarial? El perfil de los jueces que ya eligió la legislatura confirma que todo el operativo para quitarle la competencia a la Justicia laboral nacional y pasarlo a la Ciudad poco tiene que ver con la autonomía y mucho tiene relación con empeorar las condiciones en la que los trabajadores van a poder reclamar.

Como contamos en otra columna, el traspaso del fuero generó grandes resistencias y todo indica que quienes sospechaban que era todo contra los trabajadores no está lejos de la verdad. En un clásico contubernio de la Legislatura porteña, las distintas fuerzas políticas (sobre todo, el PRO y el peronismo) se repartieron lugares entre los nuevos juzgados. Allí jugó, como siempre, el operador judicial devenido ahora operador número 1 de Jorge Macri: Daniel “El Tano” Angelici. Y del otro lado, el hombre fuerte del PJ porteño Juan Manuel Olmos. También jugaron los radicales.

El reparto se puede ver en los nombres que van a ocupar lugares en el nuevo fuero. Entre ellos, está Horacio Pitrau, exsecretario de Trabajo de Mauricio Macri y exfuncionario de Capital Humano del gobierno de Javier Milei (fue uno de los eyectados por un enojo de la hermanísima). Ahora será camarista laboral: malas noticias para los trabajadores. En la línea PRO, se suman también Agustina Bergonzelli, Sebastián Caset y María Paula Nievas Ibáñez, todos cuadros del nuevo fuero empresarial. Por los aliados del Gobierno porteño, llega a jueza Gabriela Fernández, vinculada a Graciela Ocaña. Y también el camarista Martín Furchi, la jueza María Sol Loredo y el asesor tutelar Federico Kaimakamian Carrau, todos referenciados con la UCR porteña.

El peronismo coló algunos (pocos) jueces como  Silvia Gutiérrez Garay, a la que se vincula la sindicalista Víctor Santa María, y a Damián Corti y Mariana Mansilla,  cercana al dirigente del SUTECBA Alejandro Amor en la Defensoría del Pueblo. Quizás estos últimos sean las únicas excepciones en un fuero de predominio fuertemente empresarial.

En la discusión, está que va a pasar con el fuero nacional, que con el traspaso se supone que pasa a ser un fuero residual hasta su extinsión. El tema es que hay dos mil trabajadores judiciales que no saben que va a ser de su futuro una vez que se cierren las causas que siguen en curso (algo que podría tomar hasta diez años). No se sabe si pasan a la Ciudad o quedan sin empleo. Lo cierto es que la Ciudad está creando una cantidad mucho menor de juzgados para una demanda que no van a poder atajar. Según consignó Tiempo argentino, existe todavía la idea de negociar que ambos fueros el Laboral nacional y el empresarial porteño puedan tener jurisdicción concurrente por un tiempo prolongado más hasta tanto se creen la cantidad de juzgados necesarios en la Ciudad.

Lo ideal es que, en ese proceso, se traspase también a los trabajadores, no solo para que no se queden sin trabajo, sino para aprovechar la experiencia de décadas que traen y no se queden en la nada.
Salvo que, justamente, ese sea el plan.