¿Estás lista para que tu hijo tenga una causa penal?

Con la polémica de la jueza Laura De Marianis, se escuchó a una vocera del oficialismo decir: “Nos quieren hacer creer que le van a armar una causa penal a un chico por robarse un sacapuntas”. El recurso de reducir un argumento al ridículo funcionaba en épocas menos distópicas que esta. Lo cierto es que la ley que aprobaron no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 años sino que introduce los delitos con penas de menos de 2 años que antes no se procesaban, porque se los consideraba “bagatelares” o “insignificantes” para el sistema penal. Un sacapuntas tal vez no, ¿pero una pelea a las trompadas en un recreo no puede convertirse en una causa penal? Preparense, padres y madres porteños, porque están por averiguarlo. El gobierno de Jorge Macri armó un protocolo con el que busca que las autoridades de las escuelas estén obligadas a hacer denuncias penales por temas menores que antes se resolvían con el gabinete psicopedagógico y las familias. La pregunta es: ¿estás listo o lista para que tu hijo pase por una causa penal?

El protocolo que dictó el Gobierno porteño es una joyita: no solo avanza para que las autoridades se conviertan en denunciantes de todo lo que pase, sino que habilita a que la policía ingrese armada a las escuelas ante “casos urgentes” si involucran adolescentes de 14 para arriba. Es decir, invierte décadas de criterios pedagógicos y psicológicos. Ante cualquier problema, primero la policía y el sistema penal. Después pensar si se podría haber resuelto con herramientas del sistema educativo.

Uno de los primeros en alertar sobre este despropósito fue el secretario adjunto de Ademys, Federico Puy: “Están enviando un protocolo que obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que ‘podrían estar cometiendo un delito’.“Mientras quieren avanzar contra juezas y fallos por la baja de edad de punibilidad y militarizar los barrios, quieren que las escuelas se transformen en la antesala de las cárceles”.

En la elaboración del protocolo intervinieron los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad, lo cual habla a los gritos del enfoque actual sobre las infancias y adolescencias.  Se titula “Lineamientos generales sobre el impacto del Régimen Penal Juvenil en el ámbito educativo” y “Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal”.

“Cualquier hecho que pudiera constituir un delito y que ocurra en el ámbito educativo y/o que involucre a estudiantes podrá dar lugar a la intervención de las autoridades judiciales competentes”, remarca el texto, que incluso habilita a las autoridades educativas a denunciar hechos que ocurrieron fuera de las escuela, pero de los que se hayan enterado de oídas. De esta forma, los directores y directoras de escuela pasan sin escalas a ser buches de la policía. ¿Confianza entre adultos y adolescentes? Vayanse olvidando de eso.

Hay que aclarar que el protocolo no habilita a las autoridades, sino que las obliga. Textualmente: “Cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente”. Esto no llamaría la atención si se tratara de delitos graves, que estaban contemplados antes de la reforma. No: ahora entra también el chiquitaje y cuestiones que ahora pasan a ser tratadas con la tonfa y la celda, antes que con un régimen de amonestaciones  o con instancias psicopedagógicas.

El documento es muy explícito en este punto: “Hechos que hasta el momento podían ser abordados principalmente a través de las herramientas propias del sistema educativo pueden requerir también la intervención de las autoridades competentes”, incluso cuando estén “contempladas por la normativa educativa”. Lo están diciendo: pasaron sin escalas de un régimen educativo a uno penal, todo dentro de las escuelas.

Y ni siquiera estoy pensando en las consecuencias que esto tendrá cuando haya tomas de escuelas o protestas, dado que se trata de un gobierno que mostró su propensión a criminalizar las acciones políticas de los estudiantes.