Una nueva licitación también tiene que significar más control

No se trata solamente de definir quién va a recolectar la basura durante los próximos años: se está discutiendo cómo se va a prestar el servicio, cómo se van a controlar los contratos, qué obligaciones tendrán las empresas y qué objetivos ambientales va a asumir la Ciudad.

Por eso participé de la audiencia pública para aportar la experiencia que me dieron estos años al frente de la Auditoría General de la Ciudad y, sobre todo, poner sobre la mesa todo lo que observamos después de años de auditar esta temática.

Nuestros informes muestran problemas que se repiten: contratos extendidos sin una nueva competencia, costos que terminaron siendo asumidos por el Estado, dificultades para controlar el cumplimiento del servicio, sanciones que no siempre se aplicaron y metas de reciclado lejos de alcanzarse.

La nueva licitación es una oportunidad para revisar esas experiencias y corregir lo que no funcionó.

El esquema vigente surgió de una licitación realizada en 2013. Los contratos comenzaron a ejecutarse en 2014, con una duración prevista de diez años. Sin embargo, en 2021, cuando todavía faltaban tres años para su vencimiento, fueron extendidos hasta septiembre de 2028.

Desde la Auditoría observamos que esa decisión no contó con informes técnicos suficientes que justificaran una extensión tomada con tanta anticipación. También detectamos modificaciones que hicieron que determinados costos que originalmente debían afrontar las empresas terminaran siendo asumidos por el Estado.

Para entender cómo funciona este servicio, también hay que tener en cuenta que la Ciudad está dividida en siete zonas de higiene urbana. Cada una comprende una o más comunas y tiene a su cargo la recolección de residuos y la limpieza dentro de ese sector. Sin embargo, los límites de estas zonas no siempre coinciden con la división territorial de las comunas, lo que puede generar dificultades a la hora de planificar, monitorear y controlar la prestación del servicio.

Una de ellas, la correspondiente a la Comuna 8, fue pensada bajo un esquema diferente: como una Zona Testigo a cargo del Estado. La idea era que el Estado prestara directamente el servicio y que eso permitiera comparar sus costos y calidad con los de las empresas privadas. Sin embargo, desde 2018 la recolección quedó en manos de contratistas de zonas vecinas mediante acuerdos que fueron prorrogando.

Lo que debía ser transitorio lleva más de siete años.

La Ciudad perdió así una referencia importante para comparar cuánto cuesta realmente prestar el servicio y evaluar su calidad.

Por eso, los contratos públicos necesitan plazos claros, competencia y controles efectivos. Una nueva licitación es la posibilidad de volver a comparar precios, prestaciones, tecnologías y condiciones.

Pero licitar mejor no alcanza si después no controlamos mejor.

Hoy existen GPS para seguir los recorridos de los camiones y sistemas para identificar los contenedores. Sin embargo, nuestros informes detectaron que parte de esa información no se conserva de manera adecuada y que algunos incumplimientos incluso se comunican verbalmente, sin dejar un acta formal.

Si un incumplimiento no queda registrado, es mucho más difícil aplicar una multa. Y si el Estado no sanciona cuando corresponde, el contrato pierde capacidad para garantizar que el servicio se cumpla.

La tecnología debería permitir justamente lo contrario: que un recorrido que no se hizo, una frecuencia que no se cumplió o un contenedor que no fue atendido queden registrados y generen las actuaciones correspondientes.

La discusión también tiene una dimensión ambiental.

Durante 2024, la meta era reciclar 166.482 toneladas y se alcanzaron 55.796. Además, entre 2022 y 2024, los residuos secos captados por los Centros Verdes cayeron un 43%. Al mismo tiempo disminuyeron los Puntos Verdes y se descontinuaron acciones de educación ambiental vinculadas con la separación en origen.

No alcanza con recoger la basura. También tenemos que discutir cuánto generamos, cuánto recuperamos y cuánto termina finalmente como descarte.

Por eso creo que la audiencia pública fue una instancia importante. No debería ser entendida solamente como un requisito previo a una licitación, sino como una oportunidad para incorporar lo que especialistas, organizaciones, trabajadores, vecinos y organismos de control vienen señalando.

La Ciudad tiene hoy la posibilidad de diseñar un nuevo esquema de higiene urbana con contratos más claros, mejores controles y objetivos ambientales que realmente puedan cumplirse.

Pero, sobre todo, es una oportunidad para poner el control en el centro de la política pública.

Porque los mecanismos pueden estar escritos en los pliegos y en los contratos. Después hay que hacerlos cumplir.

Y para eso hace falta decisión política y voluntad de controlar.