Disparen sobre la jueza

Una jueza de primera instancia del fuero penal juvenil declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley penal juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años y sobreseyó a un adolescente por un intento de robo de un celular. La jueza planteó el caso de este niño, su situación familiar, y las respuestas que debería dar el Estado, donde –dijo- la primera no debería ser la ley penal sino la última. Sin atender ninguna razón, ni mucho menos leer el fallo un coro de políticos y periodistas a los que llamaré el Escuadrón demagogia punitiva, salieron a tirarle con todo lo que encontraron a la jueza porteña. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que le va a pedir el juicio político. Un exceso por donde se lo mire.

El antecedente más notorio fue en la provincia de Buenos Aires, donde la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual había suspendido por 60 días la aplicación de la ley penal con argumentos muy distintos a la jueza porteña. Lo que dijo la magistrada bonaerense fue que no se tomaron las medidas para adecuar el sistema al aumento de población carcelaria que plantea la ley. Es decir, que todo el Escuadrón Demagogia Punitiva que ahora grita a coro no hizo nada para que la ley se cumpliera de forma seria.

Concretamente, el fallo bonaerense: “Resulta evidente que el estado de situación actual de los dispositivos de privación de la libertad provincial -entre ellos, el que tiene asiento en este departamento- no permite al día de la fecha recibir una mayor cantidad de adolescentes, con la complejidad que además puede implicar la incorporación de sujetos de otras franjas de edad y diferente etapa de desarrollo, al menos sin afectar sus derechos fundamentales y agravar su estado de vulnerabilidad que generalmente se constata al momento de su ingreso al sistema”.

“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida” , remarcó.

La jueza bonaerense advirtió que no solo se bajó la edad, sino que se dejó de excluir los delitos “bagatelares”, como por ejemplo, si dos adolescentes se agarran a trompadas en una escuela. Hoy, si tienen más de 14, las autoridades de las escuela deberían informar y se les tendría que abrir una causa penal. Un disparate.

Nada de esto fue respondido en el fallo de segunda instancia que revocó la medida de la jueza bonaerense. Lo que sí pasó es que generó una reacción virulenta de parte de toda la ultraderecha, que llegó a presentar cuatro jurys contra la jueza solo por decir: “Che, no están las condiciones para aplicar esta ley”. La atacaron Diego Santilli, Patricia Bullrich y la lista sigue.

Pasamos ahora a la Ciudad, donde el fallo de la jueza Laura De Marinis es bien distinto. Ella no analiza las condiciones del sistema carcelario sino que se pregunta que hacer concretamente en una causa por tentativa de robo contra un niño de 14 años que le gritó a un hombre de 47 que le de el celular. El adulto salió corriendo y alertó a un policía.

“Es fundamental que como sociedad nos preguntemos: ¿Cuál es la respuesta del mundo adulto ante la conducta de un adolescente que implica una infracción penal? ¿Qué hacemos como sociedad cuando un niño o un adolescente por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil comete un delito?“, se pregunta la jueza.

El informe sobre el niño indica que tiene una madre desempleada y con epilepsia, que el hermano mayor se quedó sin trabajo por cuidarla (lo echaron), que viven en un lugar sin gas para cocinar y que se alimenta ocasionamente con bolsones de comida, sin contacto alguno con el padre. El informe psicológico indica que la conducta transgresora como un intento de "convocar la mirada del adulto" ante la ausencia de figuras normativas en su vida.

La jueza no usa estos hechos para justificar el accionar delictivo, como pretendieron plantear el Escuadrón Demagogia Punitiva que llamó a su linchamiento, sino que se preguntó cómo debemos responder los adultos ante esto.  No dice: no hay que hacer nada. Dice que hay que hacer, pero que lo primero no es arrojarlo en una celda y tirar la llave sino que el Estado debe intervenir de otras múltiples maneras, donde la intervención tenga que ver con la gravedad del delito cometido, y debe ser especializada y orientada al caso.

“Ante una conducta que infringe la norma penal, lo que el Estado debe hacer es un abordaje desde las agencias estatales diseñadas para dar asistencia y reconocimiento de derechos. Y en este punto es donde considero que el principio de proporcionalidad será el que permita analizar si la baja de la edad de punibilidad en el caso concreto es regresiva o no”, indicó. Antes la ley no penaba un delito menor (de los considerados en el marco legal anterior “insignificantes”), ahora sí lo pena y lo que dice la jueza es que no lleva a ningún buen resultado.

“Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, remarcó la magistrada.

Analicemos ahora los argumentos que presentó públicamente el Escuadrón Demagogia Punitiva.

* Patricia Bullrich: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas". Cero reflexión sobre lo que planteó la jueza. Puro marketing.

* El jefe de Gobierno, Jorge Macri: "Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político". ¿Manchada de sangre? ¿Alguien le avisó que el delito que se juzgaba era tentativa de robo? De nuevo, puro consignismo sin argumentos serios sobre qué hacer con los niños de 14 años en una situación así.

* Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño: “Vamos a pedir juicio político a la jueza Laura De Marinis. CABA no va a tener una Justicia garantista”. Las garantías son, justamente, los derechos consagrados tanto la Constitución porteña como la nacional. ¿Está el ministro de Justicia porteño diciéndonos que CABA se va a salir, de ahora en más, del estado de derecho? ¿Se declaró estado de sitio y no nos enteramos? Y otra cosa: ¿el ministro avanzando sobre el Poder Judicial no viola la independencia entre los poderes?

Con gobernantes así, ¿qué políticas serias podemos esperar?