La reforma educativo-laboral de Jorge Macri

Las reformas educativas del PRO tienen un sello común, no importa quien sea la ministra o el ministro: no consultan nada con la comunidad educativa, no reciben feedback de lo que van a hacer, sino que bajan una decisión unilateral, lo cual hay llevado en gestiones anteriores  a grandes conflictos con gremios docentes y con estudiantes secundarios. El último capítulo de esto se acaba de anunciar poco antes de las vacaciones de invierno.  A tono con la época, implementa una suerte de reforma laboral sobre los docentes y el Gobierno porteño lo hace por decreto, sin que pase por la Legislatura ni se debata en ningún otro ámbito.  Una marca de los tiempos que vivimos.

Concretamente, el decreto de Jorge Macri  modifica el Estatuto Docente porteño de prepo. Los que critican la decisión, más allá del método elegido, van al fondo: los cambios tienden a poner toda la responsabilidad de la calidad de la enseñanza en la cabeza de los trabajadores, como una vía para no responsabilizar las falencias del ministerio de Educación. Además, tiende a poner en duda la estabilidad laboral, introduce trabas para la continuidad de la carrera docente y presiona a los trabajadores para que no se tomen licencias médicas, un tema que fue sacado de la reforma laboral nacional por la polémica que generó.

Como recuerda el periodista Martín Suarez en Tiempo, ya viene habiendo problemas con las licencias: solo en 2025 de “un total de 2591 revisiones, el gobierno tuvo que admitir 1843 casos en los que estaban mal rechazadas las licencias”. El ministerio tiende a reconocerles solo la mitad de los días que se piden y hasta les retiente un porcentaje que llega al 40 por ciento del salario. El Gobierno porteño subcontrató una empresa privada para que maneje las licencias médicas. Recibe unos 7000 mil millones de pesos por hacerlo. El ahorro tiene formas muy extrañas. 

La reforma del Estatuto docente tiende a limitar otras licencias, como las de examen,  y hasta deja la posibilidad de que un docente pueda ser sacado de su cargo sin sumario previo por tener una mala calificación o dos calificaciones regulares consecutivas. El legislador Matías Barroetaveña indica que no solo puede dar lugar a despidos sino a juicios laborales por derechos adquiridos.

La diputada porteña Maru Bielli, que preside la Comisión de Educación en la Legislatura,  recordó que “las reformas del estatuto se votan en la Legislatura” y no por decreto. Pero además, remarcó que “quita el puntaje por permanencia en la misma escuela, por la presentación de publicaciones y no actualiza el valor de posgrados, maestrías y doctorados”.

Los sindicatos docentes tuvieron, en mayor medida, un rechazo similar al decreto. Advirtieron que las docentes que no alcancen el 90 por ciento del presentismo (por ejemplo, porque se les enferma un hijo o un familiar) van a verse perjudicadas para después poder concursar.

En síntesis, todo lo que se promovía con la reforma laboral nacional, pero ahora llevado a los docentes porteños. Con docentes precarizados, suena difícil que haya nada parecido a un mejor sistema educativo. Que es el objetivo declamado del proyecto.