Para el trabajador, una Justicia macrista

Sin levantar polvareda, se concretó hace una semana otro eslabón de la reforma laboral que tendrá consecuencias muy concretas sobre los trabajadores que tengan su empleo en la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó el traspaso de la Justicia laboral nacional a la ciudad de Buenos Aires, con lo que a partir de ahora el gobierno local tiene 180 días para poner en marcha 10 nuevos juzgados laborales que reemplazarán a los juzgados nacionales del trabajo para las nuevas causas. El objetivo es claro: desintegrar los juzgados originales –que solían tener un criterio acorde a la ley a favor del trabajador- y reemplazarlos por tribunales creados por el PRO y que vienen formateados para una nueva época donde los derechos laborales son una mala palabra.

Fue sin ningún estallido, y ninguna discusión altisonante que se aprobó el traspaso con 36 votos a favor (PRO, LLA, UCR), dos en contra y 20 peronistas que se abstuvieron.  El traspaso implica que la juridicción para los juicios laborales pasa ahora a estar en los tribunales porteños. Pero no es que se traspasan los jueces de los fueron nacionales a la Ciudad, sino que se destruyen esos juzgados, se los cierra (después de un tiempo que tienen para resolver las causas residuales) y se abren unos nuevos, con un juez macrista a cargo.

Ya por la cantidad de juzgados que se destruyen y los que se crean, hay una pauta clara: los nuevos tribunales van a tener mucha menos capacidad para atender las demandas laborales que, en su mayoría, son por accidentes de trabajo, antes que por despidos. Por lo tanto, el mensaje es inequívoco: si vas a hacer un juicio laboral, sentate a esperar tranquilo, porque la cola va a ser muy larga. Ya el sistema nacional no daba abasto: imagínense con el porteño, que va a ser mucho más chico. Diseñado para no funcionar bien.

Hay que rcordar que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad avanzó con la realización de concursos para cubrir estos nuevos diez juzgados y la Cámara laboral local, pero el trámite se frenó por un recurso de amparo.  El miércoles de la semana pasada, el juez contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico levantó la medida cautelar y a destruir derechos laborales se ha dicho.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue elocuente sobre este objetivo:   “Un paso más para el orden laboral en CABA. Una Justicia local pensada para que los conflictos laborales no sean interminables para los trabajadores, ni la ruina para el empresariado”. Lo primero ya se puede anunciar que no se cumplirá, por lo ya explicado. Lo segundo es el objetivo principal. Como dijo Macri (Mauricio) hace muchos años: “El trabajador es un costo. Y hay que lograr que sea el costo más bajo posible”.