Legisladores porteños impulsan restablecer la plena vigencia de la Ley de Comunas tras decreto de Macri

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en tratamiento un proyecto de ley que busca restablecer el funcionamiento pleno de las 15 Comunas porteñas, tras la aprobación en 2025 del Decreto 114/25 firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que reorganizó áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano y, según denuncian los impulsores de la iniciativa, desarticuló la estructura orgánica prevista por la Ley Orgánica de Comunas 

La propuesta, ingresada bajo el expediente 2282-D-2026, fue presentada por la legisladora Delfina Velázquez, de Fuerza por Buenos Aires, y cuenta con las coautorías de Claudio Américo Ferreño, Victoria Freire, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra.  El texto plantea dejar sin efecto parcialmente los artículos 3° y 7° del decreto macrista, así como las modificaciones introducidas en su Anexo II, que redefinieron competencias de áreas vinculadas a la gestión comunal. 

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que el decreto implicó una centralización de funciones que, de acuerdo con la Constitución porteña y la Ley 1.777, corresponden exclusivamente a las Juntas Comunales y a los espacios de participación vecinal previstos por la normativa, como los Consejos Consultivos Comunales.  En particular, cuestionan la creación de nuevas áreas relacionadas con la gestión del espacio público y la modificación de las responsabilidades de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, que habrían desplazado atribuciones históricamente ejercidas por los gobiernos comunales. 

El proyecto también señala que programas impulsados desde el Poder Ejecutivo, como las reuniones realizadas en el marco de la iniciativa “Mi Comuna, Mi Barrio”, estarían reemplazando a los ámbitos institucionales de participación establecidos por ley, lo que, a juicio de los autores, debilita el modelo de descentralización política y administrativa previsto por la Constitución de la Ciudad. 

De ser aprobada en el recinto, la ley establecerá que los actos administrativos, designaciones y compromisos presupuestarios realizados bajo la estructura creada por el Decreto 114/25 deberán adecuarse, en un plazo de 60 días, a las competencias fijadas por la Ley Orgánica de Comunas.  El texto prevé que, de no concretarse esa adecuación, esos actos podrán ser declarados nulos, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones judiciales si el Ejecutivo no acata los plazos establecidos.

La Ley 1.777, sancionada en 2005, define a las Comunas como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial, y establece que cada una debe contar con una Junta Comunal integrada por siete miembros elegidos por votación popular, además de un Consejo Consultivo con representación de entidades vecinales, partidos políticos y otras formas de organización social.  Entre las competencias exclusivas de las Comunas figuran la planificación, ejecución y control de trabajos de mantenimiento de vías secundarias y espacios verdes, así como la elaboración participativa de su presupuesto anual. 

La iniciativa deberá comenzar ahora su recorrido legislativo en las comisiones correspondientes antes de ser tratada en el recinto de la Legislatura porteña, donde necesitará mayoría simple para su aprobación, aunque la ley original requirió en su momento dos tercios de los votos por tratarse de una norma de organización constitutional.

El debate sobre el funcionamiento de las Comunas se enmarca en una discusión más amplia sobre el grado de autonomía real de la Ciudad de Buenos Aires, que, si bien opera en muchos aspectos como una provincia, mantiene tensiones estructurales con el gobierno nacional en materias como la coparticipación, el financiamiento del subte y la seguridad, al tiempo que internos del propio macrismo han sido señalados como obstáculos para el pleno cumplimiento de la Ley de Comunas.