- Economía
- 22.07.2026
El Gobierno redefine la Inocencia Fiscal para seducir a los dólares del colchón
Luis Caputo presentará este miércoles una versión reformulada de la ley que elimina los topes patrimoniales, amplía las garantías jurídicas y busca movilizar los USD 170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. El proyecto será girado al Congreso el jueves con cambios sustanciales respecto del texto original.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará este miércoles una conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda para dar a conocer el nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso el jueves con modificaciones de fondo respecto de la versión sancionada en febrero. El anuncio llega después de varias semanas de revisiones internas, durante las cuales el equipo económico, funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas tributarios analizaron los escollos que, según los contadores, desalentaban la adhesión al régimen original.
El corazón de la propuesta es la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que establecía la versión anterior. Hasta ahora, el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias exigía un patrimonio máximo de 10.000 millones de pesos y un ingreso anual inferior a 1.000 millones de pesos. Con la nueva redacción, esas restricciones desaparecen. Quienes podrán adherirse serán los residentes fiscales en la Argentina que no estén incluidos en la categoría de Gran Contribuyente Nacional de ARCA, un cambio que amplía significativamente el universo de potenciales adherentes.
El Gobierno aspira a que este esquema incentive la exteriorización de los ahorros que permanecen fuera del circuito formal. Según cálculos del ministro y del Banco Central, en el país hay unos 170.000 millones de dólares que no están bancarizados, una cifra que, de integrarse a la economía formal, podría tener un impacto determinante en la remonetización y en la capacidad de financiar proyectos de infraestructura y pymes. Caputo lo graficó con crudeza en una conferencia anterior: "Es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión".
Uno de los principales atractivos del régimen es el denominado "tapón fiscal", un mecanismo que limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de los fondos a partir de diferencias patrimoniales. El proyecto amplía el alcance de esa protección: la agencia recaudadora dejará de utilizar determinadas variaciones patrimoniales como referencia para cuestionar lo declarado, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley. Además, se modifica el tratamiento de las "discrepancias significativas": se mantendrá el criterio de considerar significativa una diferencia cuando el ajuste determinado por ARCA supere el 15% de lo declarado por el contribuyente, pero se incorporan excepciones para casos de menor magnitud. Quienes rectifiquen su declaración jurada y cancelen las diferencias dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de ARCA conservarán los beneficios del régimen.
El sector inmobiliario, históricamente atravesado por operaciones pactadas en efectivo, también recibió atención en la nueva redacción. El proyecto incorpora una aclaración específica: los pagos en efectivo realizados mediante escritura pública no harán perder los beneficios del régimen. La definición busca dar previsibilidad a escribanos, desarrolladores y compradores, al evitar que una práctica habitual del mercado se convierta en un motivo para quedar fuera de la protección fiscal.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, había anticipado el martes que las modificaciones serían enviadas al Congreso para su tratamiento luego del receso invernal. El oficialismo espera que la Cámara de Diputados apruebe la nueva versión antes del 27 de agosto, plazo que el Gobierno ya pospuso para la presentación de la declaración jurada de Ganancias, mientras se mantiene la fecha de pago del impuesto para el 27 de julio. La ley original ya contaba con sanción parlamentaria, por lo que el Ejecutivo confía en que no habrá resistencia a una versión que, según el propio Caputo, corrige las razones por las que el régimen "no estaba prendiendo en la medida en que nosotros creíamos".
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