Presupuesto 2027: el Gobierno vuelve a intentar quitarle la actualización automática por inflación a la AUH y las asignaciones familiares

El Gobierno nacional reeditó una pulseada que ya perdió dos veces: el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó al Congreso el martes 15 de septiembre incluye la derogación del régimen de movilidad que desde 2015 garantiza que la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el resto de las asignaciones familiares se actualicen automáticamente en la misma proporción que las jubilaciones, es decir, atadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

La iniciativa, firmada por el Ministerio de Economía de Luis Caputo, propue derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía tanto la movilidad de los montos como la de los límites y rangos de ingresos familiares que determinan quiénes acceden a cada beneficio. Es la tercera vez consecutiva que el Ejecutivo intenta avanzar con la medida: ya la había incluido en el Presupuesto 2025, que no fue aprobado y terminó en una nueva prórroga de la ley vigente, y en el de 2026, donde la oposición la eliminó durante la discusión parlamentaria.

Frente a las críticas, fuentes oficiales consultadas por distintos medios insistieron en que no habrá recortes efectivos en la prestación. Aseguraron que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional para sostener la cobertura de cerca del 95% de la canasta básica alimentaria, que la AUH y la AUE junto con la Prestación Alimentar benefician a más de 4,2 millones de niños, y que el Ejecutivo mantendrá la potestad de actualizar los montos aunque desaparezca la fórmula automática. Lo que no está definido, sin embargo, es ni el mecanismo ni la periodicidad con que se harían esas actualizaciones, un vacío que quedaría librado a la decisión discrecional del Poder Ejecutivo.

En las cuentas públicas, el Presupuesto 2027 contempla $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares, un 22,9% más en términos nominales que los $11,68 billones estimados para 2026. De ese crédito total, el Subprograma de Asignación Universal para Protección Social, que reúne la AUH, la AUE y la ayuda escolar, concentra $9,18 billones; para las asignaciones de trabajadores activos se prevén $3,69 billones; para las de jubilados y pensionados, $1,30 billones; y para las del sector público nacional, $185.502 millones . En materia de beneficiarios, el Gobierno proyecta 4.143.930 titulares de la AUH durante 2027, apenas 10.520 más que en 2026, y 90.724 titulares de la AUE.

El Gobierno sostiene que la AUH mejoró un 109,8% en términos reales desde 2023, un dato que coincide a grandes rasgos con los registros de la gestión, aunque la suba real acumulada en el último año resulta mucho más modesta. El problema que advierten especialistas y organismos de derechos sociales es de diseño institucional: al desindexar la prestación del IPC, la AUH pasaría a depender de decisiones políticas coyunturales, un esquema que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ya había cuestionado cuando detectó la maniobra en el proyecto del año pasado, advirtiendo entonces que el gasto en servicios sociales venía en caída respecto de 2023.

La pulseada presupuestaria se da en paralelo a otra controversia que tensiona la relación con el Congreso: el artículo 39 del mismo proyecto, que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad al eliminar la actualización mensual de los pagos a prestadores según la inflación y permitir que cada prestador determine el costo de sus servicios, mientras las obras sociales podrían fijar un tope de cobertura. La medida fue denunciada por prestadores y por legisladores de distintos bloques —entre ellos Juan Marino, de Unión por la Patria, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica—, que acusaron al Ejecutivo de intentar "colar" en el Presupuesto la derogación de artículos centrales de la ley en pleno debate de su prórroga en la Cámara de Diputados .

El proyecto deberá ahora transitar el trámite legislativo con el calendario presupuestario encima: si el Congreso no aprueba la ley de leyes antes de fin de año, el Presupuesto 2026 quedará prorrogado, escenario en el cual la Ley 27.160 seguiría vigente y los aumentos automáticos de la AUH se mantendrían, como ya ocurrió hace dos años. La diferencia con los intentos anteriores es que esta vez el debate se da en medio de la renegociación del acuerdo con el FMI, cuyas metas de gasto condicionan la estrategia económica del Gobierno hacia 2027.