La Ciudad de Buenos Aires pone en marcha la convocatoria para conformar su propio Servicio Penitenciario

El gobierno porteño inició formalmente el proceso de inscripción para sumar a los primeros agentes de la nueva fuerza de seguridad, la cual asumirá de forma exclusiva la custodia y el traslado de los detenidos dentro del ámbito capitalino como parte de su proceso de autonomía institucional.

La administración liderada por el jefe de Gobierno Jorge Macri implementó el primer llamado de postulantes destinados a integrar el recientemente creado Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad. El despliegue formal de esta nueva estructura busca dar respuesta operativa a una de las principales demandas del distrito en materia de custodia de detenidos y administración del orden público, materializando en el terreno una normativa que fue sancionada por la Legislatura porteña hacia fines de noviembre del año pasado a través de la Ley 6.923.



La gestión y evaluación de los candidatos se encuentra bajo la órbita directa del Instituto Superior de Seguridad Pública, la entidad que centraliza tradicionalmente la instrucción académica, táctica y técnica de los oficiales de la Policía de la Ciudad y de los cuerpos de Bomberos locales. Los requerimientos de admisión fijados en esta instancia inicial establecen que podrán anotarse aquellas personas de entre dieciocho y veintinueve años de edad que posean la ciudadanía argentina de origen o por opción, hayan culminado de manera obligatoria el ciclo de enseñanza secundaria y completen exitosamente la totalidad de las instancias psicofísicas y de selección que la institución educativa estipula para el acceso.

Desde la órbita política y de control del proyecto, el ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, recalcó que la conformación de este brazo especializado dotará a la capital de una fuerza penitenciaria moderna, profesional y específicamente preparada para las demandas actuales del tejido urbano. En paralelo a la creación del escalafón de agentes, los funcionarios judiciales porteños destacaron la entrada en vigencia de la Ley de Ejecución de la Pena como un marco normativo complementario cuyo propósito central consiste en transparentar los estándares de detención, brindar seguridad perimetral a la ciudadanía y potenciar alternativas reales de reinserción social a través de capacitaciones productivas y programas pedagógicos integrales.

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