- Economía
- 02.06.2026
Reforma laboral: reglamentan el Fondo de Asistencia Laboral y cambian los recibos de sueldo
El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de aspectos centrales de la reforma laboral aprobada este año y oficializó el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo alternativo al sistema tradicional de indemnizaciones por despido.
El Poder Ejecutivo reglamentó este lunes una serie de artículos de la Ley de Modernización Laboral mediante los decretos 407, 408 y 409 de 2026. Entre las medidas más relevantes figura la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que permitirá a empleadores y trabajadores acordar mecanismos alternativos para afrontar las indemnizaciones por desvinculación laboral.
El nuevo sistema no reemplazará automáticamente al régimen vigente. Su aplicación dependerá de lo que establezcan los convenios colectivos de cada actividad o de acuerdos específicos entre las partes. La intención oficial es que las empresas realicen aportes periódicos a fondos especialmente constituidos para cubrir futuras obligaciones laborales, evitando así el impacto financiero que puede generar un despido sobre las cuentas de una compañía.
Según la reglamentación, esos fondos podrán estructurarse mediante fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los recursos deberán mantenerse separados del patrimonio de las empresas y estarán destinados exclusivamente a cubrir las prestaciones previstas por la normativa laboral.
La implementación efectiva del FAL no será inmediata. Aunque la Ley de Modernización Laboral contemplaba originalmente su entrada en vigencia para junio, el Gobierno utilizó la facultad prevista en la propia norma para postergar su aplicación. Distintas fuentes oficiales señalan que el esquema comenzará a funcionar de manera sectorial a partir del 1° de noviembre de 2026, una vez completadas las adecuaciones operativas y regulatorias necesarias.
La reforma laboral aprobada por el Congreso introdujo cambios de fondo en el régimen indemnizatorio. Entre ellos, redefinió la base de cálculo para los despidos sin causa y habilitó la creación de mecanismos alternativos de financiamiento de las compensaciones laborales. El oficialismo sostiene que estas modificaciones contribuirán a reducir la litigiosidad y a promover la contratación formal, mientras que sectores sindicales y opositores cuestionan una eventual pérdida de protección para los trabajadores.
Junto con la reglamentación del FAL, el Gobierno dispuso un nuevo formato obligatorio para los recibos de sueldo. La principal novedad es que el documento deberá reflejar no sólo el salario bruto y los descuentos habituales, sino también el costo laboral total que asume el empleador por cada puesto de trabajo.
El nuevo modelo incorporará información que hasta ahora no figuraba de manera explícita, como contribuciones patronales, aportes y otros conceptos vinculados al costo de contratación. Además, incluirá herramientas gráficas destinadas a facilitar la comprensión de cómo se distribuyen los recursos entre el salario que percibe el trabajador y las cargas asociadas al empleo formal.
Desde el Gobierno argumentan que la modificación busca brindar mayor transparencia sobre el costo laboral y permitir que los trabajadores conozcan con precisión cuánto desembolsa una empresa por su contratación. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que el nuevo esquema hará visibles conceptos que hasta ahora permanecían fuera del recibo tradicional.
La reglamentación difundida esta semana también abarca otros aspectos de la reforma, entre ellos cambios en la negociación colectiva, en los mecanismos de representación sindical, en los servicios eventuales y en diversos procedimientos vinculados a las relaciones laborales. Con estas medidas, el Ejecutivo busca completar la instrumentación de una de las reformas estructurales más importantes impulsadas durante el actual período legislativo.
El nuevo sistema no reemplazará automáticamente al régimen vigente. Su aplicación dependerá de lo que establezcan los convenios colectivos de cada actividad o de acuerdos específicos entre las partes. La intención oficial es que las empresas realicen aportes periódicos a fondos especialmente constituidos para cubrir futuras obligaciones laborales, evitando así el impacto financiero que puede generar un despido sobre las cuentas de una compañía.
Según la reglamentación, esos fondos podrán estructurarse mediante fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los recursos deberán mantenerse separados del patrimonio de las empresas y estarán destinados exclusivamente a cubrir las prestaciones previstas por la normativa laboral.
La implementación efectiva del FAL no será inmediata. Aunque la Ley de Modernización Laboral contemplaba originalmente su entrada en vigencia para junio, el Gobierno utilizó la facultad prevista en la propia norma para postergar su aplicación. Distintas fuentes oficiales señalan que el esquema comenzará a funcionar de manera sectorial a partir del 1° de noviembre de 2026, una vez completadas las adecuaciones operativas y regulatorias necesarias.
La reforma laboral aprobada por el Congreso introdujo cambios de fondo en el régimen indemnizatorio. Entre ellos, redefinió la base de cálculo para los despidos sin causa y habilitó la creación de mecanismos alternativos de financiamiento de las compensaciones laborales. El oficialismo sostiene que estas modificaciones contribuirán a reducir la litigiosidad y a promover la contratación formal, mientras que sectores sindicales y opositores cuestionan una eventual pérdida de protección para los trabajadores.
Junto con la reglamentación del FAL, el Gobierno dispuso un nuevo formato obligatorio para los recibos de sueldo. La principal novedad es que el documento deberá reflejar no sólo el salario bruto y los descuentos habituales, sino también el costo laboral total que asume el empleador por cada puesto de trabajo.
El nuevo modelo incorporará información que hasta ahora no figuraba de manera explícita, como contribuciones patronales, aportes y otros conceptos vinculados al costo de contratación. Además, incluirá herramientas gráficas destinadas a facilitar la comprensión de cómo se distribuyen los recursos entre el salario que percibe el trabajador y las cargas asociadas al empleo formal.
Desde el Gobierno argumentan que la modificación busca brindar mayor transparencia sobre el costo laboral y permitir que los trabajadores conozcan con precisión cuánto desembolsa una empresa por su contratación. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que el nuevo esquema hará visibles conceptos que hasta ahora permanecían fuera del recibo tradicional.
La reglamentación difundida esta semana también abarca otros aspectos de la reforma, entre ellos cambios en la negociación colectiva, en los mecanismos de representación sindical, en los servicios eventuales y en diversos procedimientos vinculados a las relaciones laborales. Con estas medidas, el Ejecutivo busca completar la instrumentación de una de las reformas estructurales más importantes impulsadas durante el actual período legislativo.
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