La Cámara del Trabajo reactivó la reforma laboral y el Gobierno celebra el fallo

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo volvió a cobrar plena vigencia luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la medida cautelar que la había suspendido. El fallo, firmado por los jueces María Dora González y Víctor Pesino, otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional contra la resolución del juez Raúl Ojeda, que había dado lugar a un planteo de la CGT. 



De esta manera, más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral entran nuevamente en vigor. Entre los cambios más significativos se encuentra la redefinición del cálculo de las indemnizaciones por despido, que ahora excluye conceptos como aguinaldo y vacaciones, y habilita la creación de fondos de cese laboral administrados por convenios colectivos, un esquema similar al que rige en la construcción. La intención oficial es reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las empresas, aunque los sindicatos advierten que se trata de un retroceso en la protección de los trabajadores. 

Otro aspecto central es la implementación del banco de horas, que permite compensar jornadas en distintos períodos sin necesidad de pagar horas extras, siempre que se respete el límite semanal. Esta modalidad busca flexibilizar la organización del trabajo, pero genera preocupación en gremios que temen abusos en la distribución de las cargas laborales. 

Las vacaciones también se ven modificadas: podrán fraccionarse en bloques de al menos siete días consecutivos y acordarse fuera de la temporada tradicional, con la obligación de garantizar al menos un descanso en verano cada tres años. El Gobierno sostiene que esta medida otorga mayor libertad de negociación, mientras que los críticos señalan que puede fragmentar el derecho al descanso. 

El período de prueba se amplía, lo que facilita contrataciones temporales y reduce costos iniciales para los empleadores. En paralelo, se establecen restricciones al derecho de huelga en actividades consideradas esenciales, donde deberá garantizarse un servicio mínimo durante las medidas de fuerza. Este punto es uno de los más cuestionados por la CGT, que lo interpreta como un intento de limitar la capacidad de presión sindical. 

La reforma también introduce cambios en el régimen de aportes y en la estructura sindical, lo que abre un nuevo frente de conflicto con las centrales obreras. Para el Gobierno, se trata de modernizar un sistema que consideran obsoleto; para los gremios, es un ataque directo a la organización de los trabajadores. 

El oficialismo celebró el fallo como un triunfo político y jurídico. El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, remarcaron que la medida permitirá avanzar en la modernización del mercado laboral y en la agenda de reformas estructurales. Sin embargo, la discusión judicial continúa: la Cámara deberá resolver si la reforma es constitucional, en un debate que enfrenta al oficialismo con la central obrera y mantiene en tensión el escenario laboral argentino.