Un juez federal frenó el cierre del plan Volver al Trabajo y obligó al Gobierno a mantener los pagos

El Gobierno nacional sufrió este martes un nuevo revés judicial en materia de política social. El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas de $78.000 mensuales que perciben aproximadamente 900.000 personas en todo el país a través del programa Volver al Trabajo. La medida cautelar, dictada en el marco de un amparo colectivo, suspende el cierre del programa hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión con una sentencia definitiva.



El magistrado se expidió sobre la presentación de cinco trabajadores de la economía popular que se vieron perjudicados por la eliminación del programa, anunciada por el Ministerio de Capital Humano el 7 de abril pasado. Según los demandantes, el Ministerio informó que se realizaría un último pago correspondiente a ese mes y que el esquema sería reemplazado por un sistema de vouchers para capacitación, aunque ese nuevo sistema carecía de precisiones sobre su alcance, cobertura y criterios de acceso. Los cinco actores describieron en su presentación judicial que Volver al Trabajo constituía su principal o único ingreso mensual, y argumentaron que la interrupción del programa representaba una omisión ilegítima por parte del Estado.

El fallo, al que tuvieron acceso distintos medios, también advierte sobre la aplicación de multas por cada día de incumplimiento. Capital Humano tiene un plazo de tres días desde la notificación para acatar la orden.

En una resolución de 20 páginas, González Charvay analizó los alcances constitucionales de la medida oficial. El magistrado hizo hincapié en el derecho a condiciones dignas de labor, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y destacó que los propios fundamentos del Decreto 198/2024 —el que creó el programa— reconocían su finalidad social y el deber estatal de proteger a los grupos más vulnerables. El juez concluyó que cortar de manera abrupta una prestación de carácter alimentario, sin ofrecer un mecanismo sustitutivo previo y de alcance equivalente, comprometía derechos constitucionales y convencionales.

Volver al Trabajo había sido creado en 2024 mediante el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, para reemplazar al Potenciar Trabajo de la gestión anterior. El monto de $78.000 quedó congelado desde diciembre de 2023. El programa apuntaba a personas de entre 18 y 59 años sin inserción en el mercado formal de empleo y combinaba instancias de capacitación con el pago mensual. Todos los ex beneficiarios del Potenciar de hasta 59 años quedaron incorporados automáticamente al nuevo esquema.

La decisión judicial pone en suspenso el lanzamiento del programa "Formando Capital Humano", que el Gobierno había diseñado como reemplazo a través de la Resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida cautelar también obliga al Gobierno a suspender cualquier intento de reemplazar el programa por otro esquema, como los vouchers de capacitación. La transición hacia el nuevo esquema queda paralizada hasta que la Justicia resuelva el amparo colectivo de fondo.

González Charvay no es un nombre nuevo en la agenda judicial del Gobierno. Es el mismo juez que le ordenó al Ejecutivo implementar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por Milei, y quien también investiga a las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino. Para los 900.000 beneficiarios, el fallo representa un alivio provisorio: seguirán cobrando los $78.000 mensuales al menos mientras avanza el proceso judicial.