El Gobierno en jaque por la Ley de Financiamiento Universitario

El Poder Ejecutivo nacional atraviesa una encrucijada marcada por la presión judicial y la crisis presupuestaria. Tras dos fallos adversos en primera y segunda instancia, la Casa Rosada está obligada a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 luego de que se rechazara el veto presidencial. El costo de la medida asciende a $2,5 billones, una cifra que, según admiten fuentes oficiales, pondría fin al superávit fiscal alcanzado en los últimos meses.



El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, advirtió que hasta ahora no hubo diálogo con el Gobierno y reclamó que se materialice lo que establece la ley. Señaló que las universidades ya obtuvieron dos fallos favorables y que la urgencia pasa por recomponer los salarios docentes y no docentes, que acumulan una pérdida de más del 30% de poder adquisitivo frente a la inflación. Según sus cálculos, para recuperar lo perdido sería necesario un aumento cercano al 48%

Mientras tanto, el Ejecutivo prepara una nueva apelación ante la Corte Suprema, aunque en su entorno reconocen que es poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo. “Hoy en día no vamos a pagar porque realmente no tenemos la plata”, confesó una fuente oficial, dejando en claro que la decisión final recaerá en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El conflicto se agrava en un contexto de fuerte deterioro del sistema universitario. De acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las casas de estudio sufrieron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. La inflación, que superó el 280% en ese período, contrastó con aumentos salariales que apenas alcanzaron el 158%, profundizando la crisis en las aulas y en la gestión institucional.

En paralelo, las universidades evalúan nuevas medidas de protesta. No se descarta una marcha federal a comienzos de mayo, en línea con las movilizaciones que ya se realizaron en defensa del presupuesto educativo. La tensión entre el Gobierno y el sistema universitario promete escalar en las próximas semanas, mientras la Casa Rosada busca alternativas como pagos escalonados o la incorporación de la cifra al presupuesto anual, aunque sin desviar el rumbo económico trazado.