- Judiciales
- 21.04.2026
UNIVERSIDADES
El Gobierno profundiza la batalla judicial por el presupuesto universitario y pide apartar a los jueces de la Corte
En un intento por frenar el impacto económico de la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo elevó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal reclamando que sus magistrados se inhiban de intervenir. El oficialismo sostiene que la imparcialidad de los jueces está comprometida debido a sus vínculos docentes
La estrategia jurídica de la Casa Rosada busca neutralizar los fallos adversos de instancias inferiores que obligan a la administración central a actualizar de inmediato los salarios y becas del sector. El argumento central de la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Sebastián Amerio, apunta directamente contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alegando que su rol como profesores en universidades públicas como la UBA, la UNL y la UNT genera un conflicto de intereses. Por este motivo, el Gobierno ha solicitado que el caso sea resuelto por un tribunal de conjueces, con el fin de evitar que los actuales magistrados actúen como "juez y parte" en un litigio que impacta en sus propios haberes académicos.
Este movimiento se produce en un momento de máxima tensión, justo cuando vencía el plazo legal para transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las casas de estudio. Desde el oficialismo insisten en que la ley aprobada por el Congreso carece de una fuente de financiamiento específica y detallada, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal y la operatividad del Estado. No obstante, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denuncian un desplome histórico en el presupuesto de funcionamiento, que estiman en una caída superior al 45% en términos reales desde finales de 2023.
La judicialización del conflicto no solo dilata los tiempos de recomposición salarial para docentes y no docentes, sino que también ha reactivado el frente de protesta social. Mientras el Gobierno analiza enviar un nuevo proyecto legislativo para rediscutir el costo fiscal de la norma, la comunidad universitaria ya prepara una movilización masiva para el mes de mayo. Los representantes gremiales y las autoridades académicas coinciden en que la situación es límite y que la estrategia oficial de ganar tiempo en los tribunales solo profundiza el deterioro de la educación pública argentina.
Este movimiento se produce en un momento de máxima tensión, justo cuando vencía el plazo legal para transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las casas de estudio. Desde el oficialismo insisten en que la ley aprobada por el Congreso carece de una fuente de financiamiento específica y detallada, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal y la operatividad del Estado. No obstante, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denuncian un desplome histórico en el presupuesto de funcionamiento, que estiman en una caída superior al 45% en términos reales desde finales de 2023.
La judicialización del conflicto no solo dilata los tiempos de recomposición salarial para docentes y no docentes, sino que también ha reactivado el frente de protesta social. Mientras el Gobierno analiza enviar un nuevo proyecto legislativo para rediscutir el costo fiscal de la norma, la comunidad universitaria ya prepara una movilización masiva para el mes de mayo. Los representantes gremiales y las autoridades académicas coinciden en que la situación es límite y que la estrategia oficial de ganar tiempo en los tribunales solo profundiza el deterioro de la educación pública argentina.
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