El Senado le abre la puerta a la ley que podría silenciar a las víctimas

El miércoles 9 de abril, casi sin que los medios lo registraran con el peso que merece, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, dio tratamiento al proyecto de ley de autoría de la senadora Carolina Losada, de la UCR por Santa Fe, que propone modificaciones al Código Penal en materia de falsas denuncias. El dictamen avanzó favorablemente, y el proyecto quedó habilitado para ser debatido en el recinto con posibilidades concretas de convertirse en ley.



La iniciativa busca endurecer las penas previstas, elevándolas de entre tres y seis años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o delitos contra menores de edad. Con ese piso de condena, la posibilidad de prisión efectiva queda sobre la mesa para quien no logre demostrar ante la justicia la veracidad de lo que denunció.

Lo paradójico del proyecto es que no viene a llenar un vacío legal. La figura de la falsa denuncia ya existe en el Código Penal argentino. Lo que se propone es elevar el castigo específicamente en el conjunto de delitos que, por su naturaleza, resultan más difíciles de probar: los que ocurren en ámbitos privados, sin testigos, en el marco de relaciones de poder desiguales donde producir evidencia es muchas veces imposible. En algunos casos extremos, la pena prevista por la supuesta denuncia falsa podría superar a la del propio delito denunciado: la condena por un abuso sexual parte de un mínimo de un año, mientras que la proyectada para quien denuncia ese abuso sin lograrlo probar arrancaría en tres.

Losada defendió el proyecto argumentando que lleva trabajándolo desde 2022 y que las falsas denuncias saturan los tribunales y consumen recursos del Estado que deberían destinarse a las verdaderas víctimas. El senador Luis Juez, de La Libertad Avanza, secundó su postura afirmando que las consecuencias de este tipo de denuncias causan daños irreparables. Sin embargo, los datos disponibles cuentan otra historia.

Según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, en la última década se registraron 2.827 femicidios en Argentina. En el 85 por ciento de los casos, el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima, pero sólo el 17 por ciento había realizado al menos una denuncia y apenas el 10 por ciento contaba con medidas de protección judicial. La subdenuncia, entonces, es el fenómeno dominante, no su inverso. ONU Mujeres estima que las denuncias falsas representan menos del 1% en el mundo, y en Argentina los estudios disponibles sitúan el fenómeno por debajo del 3% del total de causas penales, con la mayoría concentrada en delitos económicos y no en violencia de género.

El debate en comisión no logró torcer la mayoría. Desde la oposición se advirtió que equiparar la falta de prueba con la falsedad de una denuncia es un error jurídico y político que puede tener consecuencias directas sobre el acceso a la justicia de las víctimas. El proyecto avanzó de todas formas con una coalición que reunió al oficialismo libertario, sectores de Juntos por el Cambio y bloques provinciales, con fisuras dentro del peronismo. La misma arquitectura política que ha venido habilitando otras reformas orientadas al endurecimiento penal en los últimos meses.

El contexto no es neutral. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el desmantelamiento de las políticas públicas de género fue sistemático. El programa Acompañar fue vaciado, la Educación Sexual Integral perdió financiamiento y la Línea 144 de atención a víctimas de violencia de género quedó sin especificidad, lo que obligó a la provincia de Buenos Aires a convertir su propia línea provincial en la única con atención específica en esa materia en todo el país. En ese marco, siete provincias se pronunciaron en contra del proyecto de Losada, en una acción impulsada por la ministra de Mujeres y Géneros bonaerense Estela Díaz, que introdujo un contrapunto institucional ante el avance de la iniciativa en el Senado.

La combinación entre el desguace de los mecanismos de protección y el endurecimiento de las consecuencias penales para quienes denuncian dibuja un escenario preocupante: un sistema que castiga con mayor severidad la denuncia no probada que el delito denunciado no combate la falsedad; la desalienta. Y en un país donde el verdadero problema histórico es que las víctimas no denuncian —muchas veces porque saben que el sistema no las va a proteger—, ese mensaje tiene consecuencias que van mucho más allá de la técnica jurídica.