Inflación: el impacto de la canasta pendiente y el debate sobre la medición

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo por parte del INDEC, con un aumento del 3,4% mensual, volvió a poner en discusión la forma en que se mide la inflación en Argentina. El dato, que acumuló un 9,4% en el primer trimestre y un 32,6% interanual, fue reconocido por el propio presidente Javier Milei como “malo” y generó cuestionamientos sobre la demora en la actualización metodológica del indicador.



La polémica surge porque el organismo estadístico aún utiliza ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, cuando ya está disponible una versión más reciente de 2017/18. Esta nueva estructura otorga mayor peso a rubros como educación, transporte y servicios públicos, sectores que en los últimos meses registraron fuertes incrementos. Según cálculos de la consultora Equilibra, si se hubiera aplicado la canasta actualizada, la inflación de marzo habría trepado al 3,65%, mientras que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la estimó en torno al 3,5%. 

El retraso en la implementación de la nueva metodología no es menor: en febrero, el Gobierno decidió postergar la modificación, lo que derivó en la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC. Desde entonces, no se ha precisado cuándo se adoptará formalmente el cambio, pese a que su impacto podría alterar la lectura oficial de la dinámica inflacionaria

Los rubros que más impulsaron el índice en marzo fueron educación (12,1%), transporte (4,1%) y vivienda, agua, luz y gas (3,7%), reflejando el proceso de recomposición de precios relativos. El Gobierno atribuyó la aceleración a factores transitorios, como el inicio del ciclo escolar, el encarecimiento de la carne y las tensiones internacionales que afectaron los costos de transporte. Milei insistió en que la política monetaria no se modificó y que la inflación tenderá a converger hacia niveles internacionales, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se verá una “desaceleración muy importante”.

El debate sobre la medición del IPC no es meramente técnico: tiene consecuencias directas en la percepción pública y en la credibilidad de las estadísticas oficiales. En un contexto de alta sensibilidad social frente a los precios, la falta de actualización metodológica alimenta críticas sobre la transparencia del Gobierno y abre interrogantes sobre la verdadera magnitud de la inflación que enfrentan los hogares argentinos.