- Sociedad
- 10.03.2026
Polémica
Denuncian que el Gobierno porteño autorizó obras que desvirtuarían el histórico estadio Luna Park
La legisladora Bárbara Rossen (Fuerza por Buenos Aires) presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique por qué habilitó un proyecto de ampliación en el edificio, protegido por su valor patrimonial. Organizaciones sociales ya habían judicializado el tema al advertir una "demolición encubierta" del interior del mítico "Palacio de los Deportes".
El futuro del estadio Luna Park, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en el centro de una fuerte controversia urbanística y patrimonial. Un proyecto de remodelación y ampliación, que cuenta con el visto bueno del Gobierno de la Ciudad a través de la **Disposición 1283/DGIUR/2025**, encendió las alarmas de legisladores y organizaciones de la sociedad civil, que denuncian que las obras autorizadas exceden lo permitido para un edificio con Nivel de Protección Estructural y declarado Monumento Histórico Nacional .
"Un negocio privado que saltea a la Legislatura"
La arquitecta y legisladora Bárbara Rossen (Fuerza por Buenos Aires) formalizó un pedido de informes al Ejecutivo porteño para que, en un plazo de 30 días, brinde explicaciones sobre los motivos que llevaron a autorizar las obras. Según el proyecto de Rossen, la iniciativa del gobierno de Jorge Macri no solo permitiría una construcción más grande de lo que estipula la normativa, sino que además **"saltea" la instancia de la Legislatura porteña para favorecer un negocio privado**. La legisladora sostiene que, por la escala y el impacto de una obra de esta naturaleza, la discusión debería haber pasado por el ámbito legislativo, algo que no ocurrió .
"El Luna Park es un sitio icónico de Buenos Aires, con un gran valor histórico, cultural y arquitectónico. Allí se despidió a Carlos Gardel, se casó Diego Maradona, pelearon Carlos Monzón y Ringo Bonavena y cantaron Frank Sinatra y Liza Minnelli. El patrimonio merece cuidado con proyectos respetuosos de nuestra identidad", expresó Rossen en su reclamo.
Una "demolición encubierta" y un proyecto a gran escala
El corazón de la disputa radica en el proyecto presentado por la empresa DF Entertainment, del empresario Diego Finkelstein, que obtuvo una concesión por 40 años para explotar el estadio. La compañía, cuyo accionista mayoritario es el gigante estadounidense Live Nation, planea una inversión millonaria para modernizar el espacio . Sin embargo, los planes van más allá de una simple puesta en valor.
De acuerdo con los informes técnicos presentados por ONGs como Basta de Demoler, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad, la iniciativa implica un aumento del volumen del estadio en casi un 80%, llevando su capacidad de los actuales 8.400 a aproximadamente 13.000 espectadores. Para lograr esa ampliación, el proyecto contempla la demolición total del interior del edificio, la construcción de nuevos subsuelos, el reemplazo de la cubierta histórica y la modificación de las fachadas, elevando su altura. Los especialistas califican la intervención como una "demolición encubierta" que solo dejaría en pie la cáscara exterior del edificio.
Esta intervención choca de lleno con la doble protección que pesa sobre el inmueble. El Luna Park fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y, además, está catalogado por el Código Urbanístico porteño con "Nivel de Protección Estructural" . Esta categoría es la más restrictiva y prohíbe explícitamente las demoliciones y cualquier modificación que altere el volumen, la tipología o los elementos estructurales del edificio .
Aprobaciones exprés y acciones judiciales
La polémica se profundizó al conocerse que el proyecto fue aprobado en tiempo récord por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos en una reunión virtual en enero de 2025, sin los debates técnicos que un caso de esta magnitud requeriría . Dicha comisión, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, dio luz verde a la intervención a pesar de las prohibiciones normativas.
Ante esta situación, la vía judicial ya está en movimiento. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción de amparo para frenar las obras, a la que luego se sumaron las tres ONGs mencionadas con un amparo colectivo . Los demandantes solicitan una medida cautelar para suspender inmediatamente la Disposición 1283/DGIUR/25 y cualquier intervención sobre el inmueble, argumentando que la autorización implica "la pérdida irreparable del bien protegido" y que el Poder Ejecutivo se ha atribuido facultades que son propias de la Legislatura .
Mientras tanto, desde la empresa concesionaria y los propietarios del estadio (el Arzobispado de Buenos Aires y la Sociedad Salesiana) intentan bajarle el tono a la controversia. Aseguran que se trata de una "puesta en valor" necesaria para corregir desajustes estructurales y preparar al recinto para el futuro, y que las obras fueron aprobadas por los organismos correspondientes . La palabra final, por ahora, queda en manos de la Justicia y en la respuesta que el Gobierno porteño le dé a la Legislatura.
"Un negocio privado que saltea a la Legislatura"
La arquitecta y legisladora Bárbara Rossen (Fuerza por Buenos Aires) formalizó un pedido de informes al Ejecutivo porteño para que, en un plazo de 30 días, brinde explicaciones sobre los motivos que llevaron a autorizar las obras. Según el proyecto de Rossen, la iniciativa del gobierno de Jorge Macri no solo permitiría una construcción más grande de lo que estipula la normativa, sino que además **"saltea" la instancia de la Legislatura porteña para favorecer un negocio privado**. La legisladora sostiene que, por la escala y el impacto de una obra de esta naturaleza, la discusión debería haber pasado por el ámbito legislativo, algo que no ocurrió .
"El Luna Park es un sitio icónico de Buenos Aires, con un gran valor histórico, cultural y arquitectónico. Allí se despidió a Carlos Gardel, se casó Diego Maradona, pelearon Carlos Monzón y Ringo Bonavena y cantaron Frank Sinatra y Liza Minnelli. El patrimonio merece cuidado con proyectos respetuosos de nuestra identidad", expresó Rossen en su reclamo.
Una "demolición encubierta" y un proyecto a gran escala
El corazón de la disputa radica en el proyecto presentado por la empresa DF Entertainment, del empresario Diego Finkelstein, que obtuvo una concesión por 40 años para explotar el estadio. La compañía, cuyo accionista mayoritario es el gigante estadounidense Live Nation, planea una inversión millonaria para modernizar el espacio . Sin embargo, los planes van más allá de una simple puesta en valor.
De acuerdo con los informes técnicos presentados por ONGs como Basta de Demoler, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad, la iniciativa implica un aumento del volumen del estadio en casi un 80%, llevando su capacidad de los actuales 8.400 a aproximadamente 13.000 espectadores. Para lograr esa ampliación, el proyecto contempla la demolición total del interior del edificio, la construcción de nuevos subsuelos, el reemplazo de la cubierta histórica y la modificación de las fachadas, elevando su altura. Los especialistas califican la intervención como una "demolición encubierta" que solo dejaría en pie la cáscara exterior del edificio.
Esta intervención choca de lleno con la doble protección que pesa sobre el inmueble. El Luna Park fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y, además, está catalogado por el Código Urbanístico porteño con "Nivel de Protección Estructural" . Esta categoría es la más restrictiva y prohíbe explícitamente las demoliciones y cualquier modificación que altere el volumen, la tipología o los elementos estructurales del edificio .
Aprobaciones exprés y acciones judiciales
La polémica se profundizó al conocerse que el proyecto fue aprobado en tiempo récord por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos en una reunión virtual en enero de 2025, sin los debates técnicos que un caso de esta magnitud requeriría . Dicha comisión, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, dio luz verde a la intervención a pesar de las prohibiciones normativas.
Ante esta situación, la vía judicial ya está en movimiento. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción de amparo para frenar las obras, a la que luego se sumaron las tres ONGs mencionadas con un amparo colectivo . Los demandantes solicitan una medida cautelar para suspender inmediatamente la Disposición 1283/DGIUR/25 y cualquier intervención sobre el inmueble, argumentando que la autorización implica "la pérdida irreparable del bien protegido" y que el Poder Ejecutivo se ha atribuido facultades que son propias de la Legislatura .
Mientras tanto, desde la empresa concesionaria y los propietarios del estadio (el Arzobispado de Buenos Aires y la Sociedad Salesiana) intentan bajarle el tono a la controversia. Aseguran que se trata de una "puesta en valor" necesaria para corregir desajustes estructurales y preparar al recinto para el futuro, y que las obras fueron aprobadas por los organismos correspondientes . La palabra final, por ahora, queda en manos de la Justicia y en la respuesta que el Gobierno porteño le dé a la Legislatura.
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