Sturzenegger califica a los colegios inmobiliarios como un “problema” y avanza con un plan de desregulación del sector

En una presentación ante desarrolladores e inmobiliarios en el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario, Federico Sturzenegger fue contundente al referirse al funcionamiento actual del mercado: “Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”. Con esa frase, el ministro de Desregulación y Transformación no solo puso en la mira a los colegios profesionales, sino que delineó los ejes centrales de la agenda oficial para el sector, que apunta a una desregulación profunda de la intermediación y la construcción.

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Sturzenegger aclaró que su cuestionamiento no es hacia la existencia misma de los colegios, sino al uso del poder del Estado por parte de estas entidades para fijar condiciones que, a su juicio, no responden a las dinámicas del mercado. En concreto, criticó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de la matriculación y las barreras de entrada que limitan la competencia, a las que calificó como “privilegios creados por ley” que terminan transfiriendo ingresos de la sociedad a un grupo específico. La intención del Gobierno es avanzar hacia un mercado “más libre, dinámico y competitivo” donde los servicios se valoren por su calidad, no por imposiciones legales.

Como parte de este plan, el funcionario adelantó que el Ejecutivo enviará al Congreso, en los próximos meses, un paquete legislativo para eliminar los privilegios que encarecen la construcción y la intermediación comercial. La iniciativa, que según confirmó el propio Sturzenegger llegaría al Parlamento en junio, busca reducir los llamados “costos de intermediación innecesarios” y quitar la “pata del Estado” para agilizar un mercado inmobiliario que considera dinámico por naturaleza.

La reacción del sector no se hizo esperar y evidencia un fuerte contraste de posturas. Desde el Colegio Inmobiliario porteño y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, su presidenta Marta Liotto advirtió que la matrícula profesional garantiza formación, control y seguridad en operaciones de alto impacto patrimonial. Sostuvo que eliminar la regulación no reduciría los costos, ya que los principales gastos de una operación son impuestos y costos registrales, y que una apertura sin controles podría derivar en un escenario de informalidad que perjudique a los ciudadanos. En la misma línea, José María Sacco, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de General San Martín, expresó su preocupación por la posible desregulación, advirtiendo que si desaparecen los colegios se pone en riesgo la seguridad jurídica.

No obstante, también hay voces que respaldan la iniciativa. El fundador de la proptech PINT, Jorge Amoreo Casotti, definió a los colegios inmobiliarios como “un resabio autoritario que impide innovar” y propuso reemplazar el sistema actual por certificaciones voluntarias basadas en la experiencia y la reputación, eliminando las restricciones territoriales y el poder sancionador de estas entidades. El debate también se extiende a otros costos ocultos del sector: en provincias como Tucumán, las tasas de visado de los colegios profesionales pueden implicar pagos iniciales de millones de pesos por obra, un costo que luego se traslada al precio final de la vivienda.

Más allá del rol de los colegios, Sturzenegger aprovechó su exposición para defender la eliminación de la ley de alquileres mediante el DNU 70/2023, argumentando que la desregulación total del mercado fue un “experimento que funcionó” y que ya muestra resultados concretos. Según datos que mencionó, la flexibilización contractual permitió un aumento del 300% en la oferta de propiedades en alquiler y una caída cercana al 30% en los precios reales.

El funcionario también proyectó un futuro optimista para el mercado inmobiliario basado en un cambio del perfil macroeconómico del país. Sostuvo que un modelo de crecimiento liderado por exportaciones fortalecerá la moneda local y empujará al alza el valor de las propiedades en dólares. Además, anticipó una explosión del crédito hipotecario en los próximos diez años, impulsada por el regreso de los más de 200 mil millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, lo que podría multiplicar por diez el stock actual de hipotecas. Por último, señaló que la construcción en la Argentina “tiene márgenes para bajar”, atribuyendo los altos costos a distorsiones regulatorias y a una carga impositiva que se propone reducir. Con un mensaje final dirigido al sector, Sturzenegger expresó su deseo de que “no tengan ningún interés en escuchar a ningún funcionario porque hayamos sacado al Estado del medio”.