Las cámaras del transporte del AMBA se declaran en emergencia y amenazan con nuevos recortes de servicio

Las cuatro principales cámaras empresarias del transporte público automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires se declararon este lunes en estado de emergencia. La medida, formalizada a través de un comunicado público, llega después de semanas de tensión creciente con el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires, que según las empresas no han dado respuestas concretas sobre cómo compensarán el impacto del aumento del gasoil en los costos operativos del sector.



El comunicado hace referencia a medidas de racionalización previas, tomadas a comienzos de abril, cuando las cámaras decidieron disminuir la frecuencia de los colectivos en el marco del impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles, lo que generó grandes dificultades para miles de pasajeros en el AMBA. Según fuentes del sector, tras esa primera intervención las frecuencias se elevaron parcialmente, sobre todo en horario pico, pero nunca se normalizaron del todo.

El problema de fondo es financiero y tiene números concretos. El precio del litro de gasoil en surtidor de YPF trepó a $2.065, pero el Estado solo reconoce $1.744 en la estructura oficial de costos. Esa brecha de $321 por litro que deben absorber las propias empresas se traduce, según datos difundidos por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en un déficit diario de $370 millones que vuelve insostenible la prestación regular del servicio. El combustible, además, no es un insumo menor: representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte, y el gasto anual en combustible para sostener la red del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones.

A eso se suma una deuda acumulada que las empresas cuantifican en más de $128.000 millones en concepto de compensaciones estatales adeudadas. Las cámaras reconocen que hubo gestiones parciales para cancelar parte de esa deuda, pero sostienen que los avances no alcanzaron para resolver el problema estructural. El Estado, por su parte, ha mantenido una postura firme: desde la Secretaría de Transporte aseguraron que se cumplió con el pago de los subsidios y que no existe justificativo para la reducción de frecuencias. Frente a esa posición, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inició fiscalizaciones y labró actas de infracción.

El deterioro del sistema no es nuevo ni exclusivamente coyuntural. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, la oferta de colectivos en el AMBA se redujo un 30% respecto del nivel operativo habitual, con una caída aún más pronunciada, del 40%, en los servicios interjurisdiccionales a cargo de Nación y de la provincia de Buenos Aires. El parque móvil también viene achicándose con el tiempo: en marzo de 2026 circulaban 16.989 unidades en el AMBA, contra 19.348 en noviembre de 2019. El impacto sobre la demanda ya es visible: en marzo la cantidad de pasajeros cayó un 11% interanual y en abril la baja trepó al 21% frente al mismo mes del año pasado.

Para los usuarios, el golpe es doble: menos colectivos y boletos más caros. Con un boleto mínimo de $700 según el último aumento de marzo de 2026, el costo real del pasaje sin subsidio rondaría los $1.922. Esto significa que, incluso sumando compensaciones estatales y boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado. Según el informe de la UBA, el gasto mensual en transporte público para un hogar promedio del AMBA alcanzó $101.026 en marzo, lo que representa casi la mitad de la canasta de servicios básicos.

Ante este cuadro, las cámaras firmantes —la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA)— ratificaron que el próximo jueves 30 de abril habrá una reunión en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan, según consignaron en su comunicado, definiciones concretas y verificables sobre mecanismos y plazos para el reconocimiento de los mayores costos. Si no hay acuerdo para ese entonces, las empresas anticiparon que podrían profundizar los recortes de frecuencia, especialmente en los horarios de menor demanda, como la noche. La advertencia no es menor: el sistema de transporte automotor moviliza a unos cinco millones de pasajeros por día en el AMBA.