CIUDAD

La Ciudad avanza en el traspaso de la Justicia Laboral tras un acuerdo con la Nación

El Gobierno porteño firmó un acuerdo para asumir las competencias del fuero laboral, un paso clave para fortalecer la autonomía de Buenos Aires, debe ser aprobado por el Congreso.



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo con el Gobierno nacional para comenzar el traspaso de la Justicia Laboral a la órbita porteña. La medida representa un avance importante en el camino hacia una mayor autonomía institucional de la Ciudad, aunque todavía debe ser aprobada por el Congreso para entrar en vigencia.

A partir de este convenio, los conflictos laborales individuales que hoy se tramitan en el ámbito nacional podrían resolverse en tribunales propios de la Ciudad. El objetivo es contar con un sistema de justicia más ágil, moderno y previsible, tanto para trabajadores como para empleadores.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien señaló que se trata de “un nuevo hito en la autonomía”. Según explicó, el traspaso permitiría “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”.



La legisladora porteña Laura Alonso celebró el acuerdo y sostuvo que "la justicia laboral de la Ciudad es un paso fundamental para la inversión privada y la creación de empleos de calidad",  Además, afirmó  que "el fuero laboral porteño es esencial para finiquitar la “industria del juicio.” Ojalá que la ley nacional se apruebe para seguir avanzando”.

El convenio se da en un contexto de discusión más amplia sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. De hecho, el texto del acuerdo ya ingresó al Senado. Previamente, el Gobierno nacional había habilitado, mediante el Decreto 95/2026, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar este tipo de acuerdos con la Ciudad.




El debate sobre quién debe ejercer el control de la Justicia Laboral en Buenos Aires lleva décadas. Desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad es autónoma y tiene facultades para organizar su propio Poder Judicial. Sin embargo, los tribunales laborales siguieron bajo la órbita nacionalLa Corte Suprema señaló en distintos fallos que esta situación debía ser transitoria y que su continuidad afecta la autonomía porteña.

En diciembre de 2024, la Legislatura de la Ciudad sancionó leyes para reorganizar la justicia laboral local y crear un nuevo Código Procesal del Trabajo. Estas normas prevén la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.






 

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