El Gobierno porteño intervino tras el cierre de una escuela privada y activó un nuevo protocolo

A pocas semanas del comienzo del ciclo lectivo, el instituto privado Formar Futuro, ubicado en el barrio porteño de Villa Real, cerró de forma sorpresiva, dejando sin vacante a más de 180 estudiantes y sin trabajo a alrededor de 50 docentes. La decisión generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y motivó la intervención inmediata del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la cartera educativa porteña informaron que se iniciaron acciones legales contra los responsables del establecimiento y que se activó un nuevo protocolo para prevenir que sucedan hechos similares. Según explicó la ministra de Educación, Mercedes Miguel, la prioridad fue garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos. “Los alumnos de 5° año y 7° grado ya fueron reubicados en otras instituciones, respetando su grupalidad original, con acompañamiento personalizado a cada familia y coordinación directa desde la Dirección de Educación de Gestión Privada”, explicó en su cuenta de X.

La funcionaria detalló que el instituto contaba con 186 alumnos proyectados para el ciclo lectivo 2026 y recibía subsidios estatales destinados al pago de salarios docentes, los cuales fueron transferidos correctamente. Sin embargo, aclaró que “el incumplimiento salarial del mes de diciembre es responsabilidad de la entidad propietaria, no del Estado, que cumplió la transferencia correspondiente”, detalló. Ante esta situación, el Gobierno porteño intimó al pago, suspendió futuras transferencias, inició un sumario administrativo y presentó una denuncia penal. Finalmente, la Justicia ordenó la clausura del establecimiento.



En respuesta a este caso, el Ministerio de Educación dictó una nueva resolución que establece condiciones más estrictas para el cierre de escuelas privadas. La normativa, publicada el 22 de enero en el Boletín Oficial bajo la Resolución N.º 92, exige que cualquier cierre sea comunicado con anticipación, evaluado y aprobado por la Dirección General de Educación de Gestión Privada, y que se garantice previamente la reubicación de los estudiantes. “Dictamos una nueva resolución, planificar un potencial cierre de la escuela y garantizar la reubicación de los estudiantes”, detalló la ministra.

El nuevo protocolo también obliga a los directivos a advertir sobre “posibles riesgos de continuidad” institucional, convocar a reuniones con las familias y el personal docente, y acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales. En los casos de instituciones que reciben aportes estatales, deberán presentar documentación que respalde el pago de salarios conforme a la normativa vigente.

Mientras tanto, el cierre del colegio generó protestas frente al edificio, donde un cartel de “clausurado” y el retiro de la cartelería oficial despertaron sospechas entre las familias. Padres y madres denunciaron que los dueños habrían cobrado matrículas correspondientes al ciclo 2026 y percibidos fondos para salarios sin cumplir con los pagos al personal.



El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) acompañó el reclamo y confirmó que los salarios de diciembre no fueron abonados, pese a que la institución recibía un subsidio estatal del 80% para ese fin. Desde el Ministerio reiteraron que las transferencias se realizaron en tiempo y forma, incluyendo el último aporte efectuado en enero.

El hermetismo de los responsables del colegio profundizó la crisis: tras anunciar el cierre, desactivaron la cuenta oficial de Instagram, aunque el sitio web continuó activo. Incluso, el día previsto para rendir exámenes pendientes, algunos estudiantes manifestaron su intención de hacerlo en la vía pública ante la falta de respuestas.

En un comunicado enviado el 26 de enero, los propietarios del instituto justificaron el cierre por una situación económica “insostenible”, atribuida a juicios laborales, presión impositiva, costos elevados, imposibilidad de actualizar aranceles, caída de la matrícula, exigencias edilicias, falta de acceso al crédito y conflictos recurrentes con los sindicatos docentes. El Ministerio de Educación confirmó que el establecimiento contaba con aportes estatales para el pago de los salarios de 47 docentes y, ante las irregularidades detectadas, se presentó como “particular damnificado” en la causa judicial.

Por su parte, SADOP denunció a los directivos por “defraudar a toda la comunidad educativa y también al Estado, malversando los fondos que, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, fueron recibidos con la única finalidad del pago de los salarios docentes”.