La Ciudad depende cada vez más de su recaudación ante la caída de fondos nacionales

Según el último informe del Observatorio Económico de la Ciudad por el Centro de Estudios de la Economía Argentina (CEPA), durante octubre de 2025 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recaudó casi 963 mil millones de pesos, de los cuales el 84% provino de recursos propios y el 16% restante de recursos de origen nacional, que incluyen transferencias por coparticipación federal (6,8%) y fondos por la medida cautelar de la Corte Suprema relacionados con la delegación de funciones de seguridad (5,6%).

El principal rubro de recaudación de la Ciudad, Ingresos Brutos, mostró un incremento real interanual del 10%, lo que apunta a una aparente estabilización en la recaudación. Sin embargo, según el CEPA, este aumento se explica en gran parte por el efecto estadístico de comparar con los peores meses de 2024. Tomando como referencia el inicio de la caída del impuesto, su recaudación acumulada desde octubre de 2023 registra una disminución real cercana al 29%.

La caída interanual comenzó a manifestarse de manera sensible en diciembre de 2023, cuando la variación real bajó al 6% desde el 20% del mes anterior. A partir de marzo de 2024, la recaudación pasó a terreno negativo, llegando en octubre de ese año a su máxima caída, del -35%. Desde entonces, se observa un proceso de desaceleración en las caídas interanuales, hasta alcanzar nuevamente un incremento del 10% interanual en octubre de 2025.



Otros tributos propios también registraron variaciones, en particular, el impuesto Inmobiliario-ABL, que representa un 7,5% del total de recursos propios, creció un 30,7% lo que representa casi 72 mil millones, las patentes un 32,3% interanual y el impuesto a los sellos un 19,7% de aumento respecto al mismo mes del 2024. En contraste, ingresos de menor participación sufrieron caídas como contribuciones por publicidad (-6,4%) y gravámenes varios (-60,2%).

Por su parte, los recursos de origen nacional (RON), alcanzaron los 184,6 mil millones de pesos, un 32% menos en términos reales que en octubre de 2024. De este total, la coparticipación federal representó 42,5%, con una caída real interanual del 18,4%, mientras que las transferencias por la medida cautelar de la Corte Suprema totalizaron 64,6 mil millones, un 57% menos que en octubre de 2024. Por su parte, los fondos por Ley de Financiamiento Educativo sumaron 40,7 mil millones, con un aumento del 74,1% interanual.

El informe del CEPA también analiza la histórica disputa por la Coparticipación Federal entre la Ciudad y la Nación. Tras años de ajustes y fallos judiciales, en septiembre de 2024 se alcanzó un acuerdo que establece que la Nación transferirá 1,4% de coparticipación por goteo diario y 1,55% adicional por fallo de la Corte Suprema mediante transferencias semanales, por un valor cercano a los 20.000 millones de pesos. Lo que implica que podrían incrementar la proporción de RON en más de 7 puntos adicionales. Por ello, en este informe se analizará tanto la evolución real de los ingresos por coparticipación, como los recursos propios.

Sorpresivamente en el Proyecto de ley del Presupuesto 2026 no figura este programa en el detalle enviado por el Gobierno al Congreso, lo que abre un interrogante respecto a la política del Gobierno Nacional respecto a esta cuestión.



Durante octubre, la Ciudad recibió 64,6 mil millones de pesos por este concepto, casi 67,5 mil millones menos de lo que correspondería según el coeficiente fijado por la Corte. Acumulando desde septiembre de 2024, los saldos negativos de estas transferencias suman 244 mil millones de pesos, generando un saldo negativo acumulado de 162 mil millones de pesos, lo que evidencia la vulnerabilidad de la Ciudad frente a las transferencias nacionales.

La recaudación propia de la Ciudad muestra señales de estabilización tras años de caída, aunque aún se encuentra por debajo de niveles históricos. Por su parte, los recursos de origen nacional presentan importantes retrasos y reducciones reales, reflejando tensiones estructurales en el financiamiento federal y la necesidad de acuerdos más predecibles para garantizar la ejecución de políticas públicas.