El Gobierno impulsa la privatización de AySA y permite cortar el suministro por deuda

La publicación del Decreto 805/2025, el Poder Ejecutivo puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que habilita cortes de suministro por falta de pago y ordena las bases legales para avanzar con la privatización de la empresa que presta servicios de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial, actualiza el régimen normativoestablecido en la Ley 27.742, que declaró a AySA como una empresa “sujeta a privatización” y autorizó al Ejecutivo a llevar adelante el proceso en un plazo de ocho meses bajo criterios de transparencia, competencia y eficiencia.

El reglamento reafirma que el acceso al agua es un derecho esencial, pero señala que la prestación debe asegurar sostenibilidad económica. En ese marco, el decreto habilita a la futura concesionaria a interrumpir el servicio por falta de pago, siguiendo procedimientos y tiempos estipulados. El corte podrá aplicarse después de 60 días de atraso para usuarios residenciales y 15 días para no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura. Además, la empresa deberá enviar una intimación con al menos siete días hábiles de anticipación. Una vez saldada la deuda y abonados los costos de notificación, corte y reconexión, el servicio será deberá restituirse en un plazo máximo de 48 horas.

La norma define el territorio de aplicación, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

El Decreto 805/2025 refuerza el rol del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) en el control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos; mientras que la Agencia de Planificación (APLA) se encargará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión. El Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será el responsable directo de conducir el proceso de privatización. El decreto incorpora un “Plan Director de Mejora Estratégica”, que deberá actualizarse cada cinco años.
El nuevo marco regulatorio establece que el servicio debe prestarse “de manera justa, eficiente y profesional”, y reafirma que el acceso al agua es un derecho humano. También establece que las tarifas deben ser “justas y razonables” para asegurar la sostenibilidad del servicio y cubrir costos operativos e inversiones. Además, exige a los organismos intervinientes garantizar transparencia, control y protección del usuario.