"Un interludio en las grúas salvajes", por Werner Pertot

No le quedó otra. Horacio Rodríguez Larreta tuvo que cambiar un negocio que existe desde principios de los noventa, orquestado por el menemismo, y luego continuado por todos los gobiernos, incluídos los cuatro mandatos del PRO. Me refiero, obviamente, a las grúas, que le pagaban al Estado un canon irrisorio por la concesión del servicio y se embolsaban millones. Tras año y más años de tener vencida la concesión, finalmente el jefe de Gobierno se vio en una encerrona: lo acorraló su aliada Elisa Carrió, que instruyó a su bloque para votar con el Frente de Todos el fin de la concesión. Por eso, Larreta se apresuró a anunciarlo él, pero de manera “transitoria”. Para la historia, no importa si recibió o no recibió antes un llamado de Carrió: de todas formas, quedó claro que fue la presión de ella la que forzó la medida. También es claro que, en cuanto pueda, Larreta volverá a un esquema con privados. Lo estatal es una instancia transitoria, casi un error.

El anuncio del Gobierno porteño intentó omitir que había una sesión especial convocada para el jueves pasado, que el lunes y el martes la Coalición Cívica había anunciado su voto sobre el tema del acarreo contrario a los intereses de Larreta. El jefe de Gobierno decidió, entonces, salir del laberinto por arriba. Dijo que mientras se cierra la licitación que abrieron a fines de julio, el Estado retomará el control del acarreo. Le tomó solo veinte años al Estado porteño hacerlo. Sí, hace 20 años que está vencida la concesión y siguen las mismas dos empresas que vienen del menemismo profundo.

La presión de Carrió fue pública y notoria. Empezó, en medio de las denuncias que lanzó hacia sus aliados la semana anterior, cuando mencionó como al pasar: "Denuncié en silencio las grúas en la Ciudad". Fue la antesala de lo que Carrió le tenía preparado a Larreta para esta semana. Uno de sus hombres de confianza, Facundo del Gaiso, anunció el lunes por la noche: "Mañana la Coalición Cívica presentará un proyecto de ley para asegurar que no puedan prorrogar la licitación de acarreo después de 21 años de servicio irregular. Y vamos a suspender el servicio de acarreo hasta que se adjudique la nueva licitación".

De esta forma, Carrió hizo su jugada: su bloque se sumó sorpresivamente al planteo que desde hace semanas viene haciendo en la Legislatura porteña el Frente de Todos con el legislador Juan Manuel Valdés a la cabeza. Cuando el Gobierno porteño anunció que el servicio volvía a manos del Estado, y pese a las protestas de otros sectores de la oposición, Del Gaiso anunció que ya no hacía falta tratar el tema en la Legislatura: "La sesiones especiales no se pueden suspender y tienen un tema específico, pero con el anuncio de hoy, donde la ciudad se hace cargo del servicio de acarreo hasta que se adjudique, no tiene sentido realizarla", advirtió. Y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se las arregló para felicitar al jefe de Gobierno por su decisión. Todos amigos.

Debió pasar por alto que las distintas gestiones le dieron siete prórrogas a las empresas Dakota y BRD. También que las empresas pagaban 55 mil pesos por mes, por lo que cubren el canon anual con el 1 por ciento de su facturación, cosa que advirtió hace tiempo la Auditoría General de la Ciudad.

Ahora se abre la posibilidad de terminar con el negocio y que el dinero del acarreo, en todo caso, vaya para el Estado y no para dos empresas privadas. Eso establece la nueva ley, pero hay que ver de qué forma la termina implementando Larreta. Ese capítulo lo demoró eternamente, pero empezó a aplicar otro aspecto de la normativa: extender lo más que pueda el espacio con estacionamiento medido.

Por eso, Matías Barroetaveña dijo en la sesión especial del jueves pasado que “Larreta se autoincrimina”: hace ahora lo que se pasó años diciendo que era imposible. La oposición porteña (ya sin la Coalición Cívica) pidió que “se auditen los 21 años de concesiones ilegales”. Dudo que Larreta lo haga: y, como contamos en otras oportunidades, tiene una mayoría en la Auditoría General de la Ciudad para evitar los informes incómodos. Si hicieran esa auditoría, Larreta tendría que explicar, por ejemplo, por qué el Gobierno porteño transfería a las dos empresas una especie de subsidio –con conceptos como “alquiler de vehículos”- que se sumaba a lo que ya se llevaban de la recaudación.

En esta columna advertimos una y otra vez sobre el negocio de las grúas salvajes. Me permito expresar mis dudas sobre que ese negocio haya realmente terminado. Me lo imagino más como un interludio, forzado con las circunstancias, del que saldrán rápidamente cuando estemos mirando para otro lado.