OPINIÓN

El curro de la poda de árboles

Un fallo que frenó la poda la semana pasada ilumina el negociado detrás de la destrucción de árboles. Empresas vinculadas al Grupo Macri. Un precio por árbol que subió un 500 por ciento en tres años.

Werner Pertot
Foto: GCBA.


Un fallo judicial que frenó la poda indiscriminada de árboles por parte de las empresas en las que el Gobierno porteño tercerizó la tarea dejó expuesto el negocio que hay detrás de los arboles que vemos que masacran en cada barrio. Hay un grupo pequeño de empresas que hegemonizan el sector y que en ningún caso tienen relación con la botánica o el paisajismo: son las mismas empresas que aparecen en otras licitaciones del Gobierno. Algunas de ellas fueron aportantes de campaña de Cambiemos. Otras directamente están vinculadas al Grupo Macri como se menciona en el fallo. Todas tuvieron un aumento del 500 por ciento en sus tarifas. Un dato importante: cobran por árbol podado, lo que explica el frenesí por podar incluso en momentos en que es perjudicial para los árboles. En el fallo, además, se probó que no cuentan con personal idóneo y que la cantidad de inspectores es exigua.

El fallo del juez Guillermo Scheibler –que puede encontrarse completo en el sitio Ijudicial- es una enciclopedia de cómo debería ser la poda en la Ciudad y de cómo es realmente. El juez -que cita mucha bibliografía, incluyendo a Florencio Escardó- ordenó que hasta que no se implemente un sistema informático que transparente la poda debe cesar toda actividad, excepto aquellos casos que sean de emergencia comprobable (y no de emergencias falsas, como encontró el magistrado en diversos casos en la investigación de la causa judicial).  Tienen que estar comprometidas de forma fehaciente la “seguridad pública, la integridad de bienes o personas o la realización de obras públicas”. También ordenó que el GCBA haga pública la información de los censos de árboles, que dé pruebas de la capacitación de las personas que hacen la poda, que se ocupe de conservar el patrimonio de árboles no solo a través de la poda.

La causa se originó en una presentación de Claudia Heras, quien advirtió que el Gobierno porteño “desarrolla una actividad de poda que, al menos desde hace cinco años, está destruyendo los árboles del patrimonio público, a saber, árboles de alineación, de plazas, estaciones de ferrocarriles y bulevares, ya sea por mutilación, mochado, terciado o talado”. Advirtió que en una poda no se debería sacar más del 25 por ciento del follaje y en la mayoría de los casos supera el 70 por ciento.

Además, el juez citó un informe de la Auditoría General de la Ciudad donde advierte que “el negocio de la poda, aumentó 500 por ciento en 3 años. El informe de Arbolado Urbano del 2012 prueba cuánto se pagaban en el 2012 y cuánto se pagó en el 2015”. Concretamente, la poda integral de un árbol de hasta 6 metros de altura tenía un precio de $163,54 en 2015 y en 2015 Macri lo subió a $878; para los árboles de entre 6m y 12m, pasó de $388,95 a $1.289; de entre 12m y 18m, de $520,63 a $1.809; y para los de más de 18 metros, de $693, 62 a $2.514. Fue el regalo de despedida de Macri al grupo de empresas que tienen el negocio de la poda. Con esos números, la denunciante afirmó que “las empresas contratistas no son idóneas y que solo persiguen un fin lucrativo, ya que su facturación está ligada al número de árboles podados y a la intensidad de la poda en cada ejemplar”.

¿Cuáles son las empresas? Según publicó el periodista Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino, son todas amigas del PRO y manejan un negocio que en 2015 representaba 2500 millones de pesos por año. La licitación de ese año dejó a cuatro empresas: Mantelectric, Casa Macchi SA, Ecología Urbana SRL y la UTE Zona Verde, conformada por Urbaser y SEOB SA.  Estas últimas dos forman parte del club de campeones de las veredas que beneficia Larreta con una tajada importante del presupuesto para reparar baldosas. Mantelectric figura entre las aportantes de campaña del PRO. Urbaser estaba entre las empresas que financiaba la fundación de Gabriela Michetti.

En la causa del juez Scheibler, la denunciante indicó que estas empresas son además “firmas habituales en las licitaciones públicas referidas a alumbrado, refacción de escuelas, obras civiles (Metrobus), veredas y medio ambiente” y “que no tienen como objeto social la realización de trabajos vinculados con la poda, tala, plantación o cuidado de árboles”. Y la denunciante sumó un dato interesante, que figura en el fallo: “La UTE (Unión Transitoria de Empresas) ZONA VERDE se encuentra conformada por URBASER ARGENTINA SA – TRANSPORTES  OLIVOS  SACYF y SEOB  SA, las que forman parte del grupo español ACS, que junto a IMPREGILIO, SIDECO y DYCASA posee el   paquete   accionario   de  AUTOPISTAS DEL  SOL,   acusada   en   la   causa   4334/13   de gestionar la fuga de millones de dólares pertenecientes a  AUTOPISTAS DEL  SOL  y un numeroso conjunto de compañías locales y multinacionales, entre los años 2006 y 2008,a través de la empresa financiera  JP MORGAN  CHASE”. SIDECO, como se recordará, es una de las empresas cabecera del Grupo Macri, que luego vendió sus acciones en Autopistas del Sol, por lo que consiguió fortunas luego de que Macri como presidente les mejorara las condiciones del contrato. Por este motivo, también existieron denuncias penales.

La causa dejó, así, al desnudo el negociado de la poda: empresas amigas que cobran más cuanto más se poda. El juez dictó inicialmente una cautelar y allí entró en escena el fiscal interino Damián Natalio Corti, quien luego como asesor tutelar durante la pandemia intentó que todas las denuncias vinculadas al coronavirus se acumularan en un juzgado amigo de Larreta. En esta causa, ya sin disimular la camiseta del PRO, pateó para el lado de Larreta y apeló la cautelar junto con el Gobierno porteño. Pero la Sala I de la Cámara de apelaciones desestimó las apelaciones y volvió al juez Scheibler para que definiera.

En su fallo, el magistrado advirtió que “el hecho de que la actividad que aquí se cuestiona se encuentre tercerizada en empresas privadas casi en su totalidad constituye una circunstancia que exige—todavía más— extremar los recaudos de control, publicidad y transparencia a fin de poder despejar cualquier tipo de incertidumbre  respecto a que las acciones desplegadas sobre  el   arbolado   responden   a   una   necesidad   real   diagnosticada   y   supervisada técnicamente por personal idóneo y no a la intención de maximizar el lucro en el marco de un contrato”.

En ese sentido, tras recabar informes de las comunas y del Gobierno porteño, el magistrado concluyó que la dirección que se ocupa del tema tiene un total de 8 (OCHO, si ocho) inspectores para toda la Ciudad. Y las comunas tienen otros 49 (hay comunas como la 2 y la 3 que tienen solo dos), de los cuales ninguno pudo acreditar una formación específica o capacitación para seguir el tema del arbolado.

Peor fue cuando el juez preguntó qué capacitación tenían los que materialmente hacen la poda. Nadie pudo ofrecer una sola credencial. Desde la Dirección de Espacios Verdes solo contestaron que “tiene sus representantes técnicos con la   idoneidad   necesaria,   la   cual   fue   debidamente   acredita (SIC)   al   momento   de  la adjudicación   de   la   licitación”. El juez advirtió que  “ni las autoridades cuentan con información respecto de la idoneidad  y  capacitación de quiénes  material y concretamente realizan las intervenciones sobre el arbolado público”. También indicó que los representantes técnicos que presentaron al ganar la licitación no equivalen al personal que hace la poda efectivamente y que debería ser auditado y controlado. En resumen,  un no ha lugar más grande que una casa a un negociado que lleva años y años. Hasta con los árboles consiguieron armar un curro.

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