El funcionario a cargo de la Villa 31 tuvo que rendir cuentas ante la Legislatura (por Zoom y desde el auto)

“Insuficiente”, “banal” y “poco serio”. Así calificó la oposición la presentación que realizó ante la Legislatura porteña el funcionario a cargo de la Villa 31, Diego Fernández, tras el escándalo por la contratación de una consultora por más de dos millones de dólares en plena pandemia de coronavirus.

Fernández, secretario de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad, se presentó ante una reunión informativa en la comisión de Vivienda en la Legislatura porteña. La comunicación remota se inició en forma interrumpida ya que el funcionario se comunicó desde su vehículo, lo que dificultó el diálogo según señaló la oposición.

Fernández se refirió a la situación social y a la crisis sanitaria que atraviesa la Villa 31. Habló sobre campañas de precaución y concientización del coronavirus y del dengue a partir de cartelería, motocarros con parlantes y grupos de Whatsapp. También aseguró que funciona un dispositivo de “acompañamiento” de los vecinos infectados y su grupo familiar y dio cuenta de una comunicación diaria por parte de los “equipos” del gobierno porteño con los contactos estrechos de los contagiados de coronavirus, “sin describir acabadamente si esas medidas forman parte de un protocolo oficial”.

Tras la exposición, legisladores y legisladoras consideraron insuficiente el informe presentado por Fernández, haciendo hincapié en la “banalización” y “poca seriedad” en el tratamiento del tema. Y manifestaron preocupación por la ausencia de un protocolo efectivo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de enfrentar la pandemia COVID-19 en los barrios más vulnerables, como la Villa 31.

“Tiene que haber un protocolo sanitario especial para barrios populares; sigue sin haber una manera de actuar concreta, mostrada, pública y me parece que eso es un problema grave para el cual deberían crearse unidades de atención primaria. Tampoco se sabe si se están entregando materiales para la higiene personal o para la limpieza de las casas de esos barrios populares”, señaló Ofelia Fernández, del Frente de Todos.

Desde el mismo espacio, la legisladora Lucía Cámpora remarcó que “sobre el ´operativo Detectar`, con respecto a los casos confirmados, queremos saber la cantidad de personas internadas en hospitales, la cantidad de internados o aislados en hoteles, y cuál es el universo de contactos estrechos que tienen para abordar y cómo lo están haciendo."

Por su parte, el legislador Gabriel Solano del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, preguntó: “¿Cuándo va a haber una asistencia del servicio de agua real para los vecinos? En muchísimas manzanas aún hoy no hay agua, o hay durante un rato del día, y donde hay tienen muy baja presión. El problema fundamental de un gobierno que llama a lavarse las manos pero no garantiza el servicio de agua para los vecinos es brutal”.

María Bielli, del Frente de Todos, intervino sobre la situación habitacional que están sufriendo hoy los inquilinos en la Villa 31: “Hay muchos vecinos que alquilan en el barrio y están sufriendo desalojos porque no pueden pagarlo. Queremos saber si desde la Secretaría se está pensando alguna medida o algún tipo de acompañamiento, y también para aquellos inquilinos que son o dieron positivos de Covid-19 y que seguramente esto les traiga algún problema con quienes alquilan la vivienda.”

La respuesta de Fernández fue: “Confíen en mí, yo estoy para ayudar”. El funcionario quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días, no sólo por la falta de agua en el barrio y por los más de 620 casos de coronavirus confirmados allí, sino también por la polémica contratación de una consultoría para un servicio de selección de personal. La tercerización implicó un gasto de más de dos millones de dólares.