EMERGENCIA SANITARIA

Hay más de 500 casos de coronavirus en la Villa 31, pero el GCBA gasta millones en consultorías

La Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad pagó más 2 millones de dólares por servicios de "consultoría para la contratación de recursos humanos" para la relocalización de las personas que viven bajo la autopista.

Diego Fernández, el funcionario porteño a cargo de la Villa 31.


La Villa 31 de Retiro sufre un crecimiento exponencial de casos de coronavirus. Ya hay más de 500 detectados, luego de pasar semanas sin agua y con la epidemia de dengue también haciendo estragos. En medio de este panorama, trascendió que el Gobierno de la Ciudad pagó más de dos millones de dólares a través de la secretaría a cargo del barrio para el "servicio de consultoría para la contratación de recursos humanos”  para la relocalización de las personas que viven en el sector bajo la autopista.

Según consignó el periodista Werner Pertot en el diario Página 12, desde el gobierno porteño argumentaron que ese dinero es un préstamo del Banco Mundial y se usó para contratar a los profesionales que trabajan en la relocalización. Pero no detallaron por qué esos trabajos se tercerizaron a una empresa que viene embolsando decenas de millones en consultorías al Gobierno de la Ciudad.

El Ejecutivo local gestiona la Villa 31 a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana, que conduce Diego Fernández. De su área depende el contrato, que comenzó el año pasado por 1.141.488 pesos y 1.199.653 dólares y tuvo una extensión este año por otros 857.599 dólares.

La consultora en cuestión se llama HYTSA y al frente figura Marcela Inés Pimentel, una licenciada en Oceanografía que dirige esa firma desde hace 35 años. Como vicepresidente aparece el ex presidente del Club Independiente, Javier Cantero. Trabajan para distintos gobiernos y con el porteño tiene una larga lista de contratos, que vienen desde la época de Mauricio Macri.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta argumentó que la consultora fue elegida en una licitación internacional a la que invitaron a otras seis empresas, aunque solo dos se presentaron. E indicaron que fueron contratados, por ese monto, 52 profesionales: 32 en ciencias sociales, seis abogados, diez ingenieros, un arquitecto y tres personas a cargo de la administración. Sostuvieron que el salario promedio es de 65 mil pesos, tras restar impuestos y cargas. Sostuvieron que esas personas se ocuparon de hacer un relevamiento de los hogares y de supervisar las tareas de demolición y la logística de las mudanzas. No explicaron por qué el Estado requiere tercerizar esas tareas en una consultora.

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