El Senado cerró las extraordinarias con dos leyes clave: reforma laboral y nuevo régimen penal juvenil

El Senado de la Nación finalizó este viernes el período de sesiones extraordinarias con una fuerte señal de respaldo al oficialismo. La Libertad Avanza logró sancionar la reforma laboral, tras la modificación realizada en Diputados, y convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La reforma laboral fue aprobada con 42 votos afirmativos y 28 negativos, además de dos abstenciones. El texto había sido modificado previamente en la Cámara de Diputados, donde se eliminó el artículo más controvertido: el que reducía plazos y montos de las licencias pagas por enfermedad o accidente no laboral.

Esa cláusula establecía que un trabajador cobraría el 50% o el 75% de su salario —según el origen del hecho— y durante un plazo máximo de tres o seis meses, dependiendo de si tenía personas a cargo. Finalmente, esa disposición fue suprimida y el Senado solo debía optar entre convalidar la versión corregida o insistir con la original. Se impuso la primera alternativa.

Durante el tratamiento inicial en la Cámara alta también se eliminaron otros puntos sensibles, como el beneficio en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas. A la vez, se introdujeron gestos hacia sindicatos y cámaras empresarias: se mantuvo el 6% destinado a obras sociales y se atenuó la redacción sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a colaborar con el pago de indemnizaciones.

Otro aspecto incorporado como anexo fue el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La oposición cuestionó la falta de tratamiento formal en comisión, aunque la iniciativa avanzó sin resistencia significativa.

Entre los puntos centrales de la ley se destacan:
• Convenios colectivos: se priorizan los acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales. Además, se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de convenios vencidos.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se financiará con aportes obligatorios mensuales: 1% del salario bruto en grandes empresas y 2,5% en MiPyMEs. Actualmente esos recursos se destinan al sistema previsional, por lo que la medida podría impactar en el financiamiento jubilatorio.
• Vacaciones: podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo distinto entre las partes.
• Indemnizaciones: se mantiene el cálculo de un mes por año trabajado, pero se excluyen conceptos no mensuales como el aguinaldo o premios extraordinarios. Se fijan topes máximos y mínimos y se habilita el pago en cuotas —hasta seis para grandes empresas y hasta doce para MiPyMEs— con actualización por inflación más un 3% anual.
• Banco de horas: empleador y trabajador podrán pactar compensaciones de horas extras, con límites de jornada y descanso establecidos por ley.
• Trabajadores de plataformas: se crea la figura del repartidor independiente, bajo contrato de servicio y sin relación laboral formal.
• Derecho a huelga: los servicios esenciales deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% y los considerados “trascendentales”, del 50%. Se amplía el listado de actividades esenciales, incluyendo educación.
• Blanqueo laboral: se prevé una reducción de hasta el 70% en deudas por aportes para regularizar empleo informal y un esquema de incentivos para nuevas registraciones.

Baja de la edad de imputabilidad

En la misma jornada, el Senado convirtió en ley el proyecto que establece un régimen penal juvenil especializado y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, que había sido aprobada previamente en Diputados, obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.

Impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, la norma crea un sistema específico para adolescentes de 14 a 18 años. Contempla garantías procesales acordes a la edad, separación absoluta de adultos en ámbitos judiciales y penitenciarios, y la aplicación excepcional de la privación de libertad.

El presupuesto asignado asciende a $23.700 millones para las provincias. De acuerdo con datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal, el monto permitiría construir alrededor de 7.400 metros cuadrados de infraestructura carcelaria, lo que representa unos 308 metros cuadrados por distrito si se distribuye en partes iguales.

Un nuevo sistema penal juvenil

La ley incorpora principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la prisión preventiva, priorizando medidas socioeducativas y la reinserción. El esquema de sanciones incluye tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, reservando la privación de libertad para delitos graves y por plazos estrictos.

También se establece la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar el proceso de reinserción y se prevé intervención interdisciplinaria en casos vinculados a salud mental o consumos problemáticos.

En cuanto a las víctimas, la norma garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, participación en audiencias y acceso a instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

Con la publicación pendiente en el Boletín Oficial, ambas leyes consolidan un cierre de extraordinarias que redefine aspectos centrales del régimen laboral y del sistema penal argentino, con efectos que comenzarán a medirse en los próximos meses.