EMERGENCIA SANITARIA

Otra orden judicial para que Larreta provea elementos de protección a trabajadores de la salud

Tras la denuncia de una enfermera del Durand, una cautelar ordenó al Gobierno de la Ciudad que le garantice insumos para resguardarse del Covid-19. El caso visibiliza el reclamo que trabajadores de ese hospital vienen realizando desde el inicio de la pandemia.



El caso se repite: trabajadores y trabajadoras de distintos hospitales públicos porteños denuncian falta de insumos para protegerse adecuadamente del coronavirus y, ante la falta de respuesta, llevan el reclamo a la Justicia. Una vez más, les dieron la razón: un juzgado porteño ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que provea elementos de resguardo sanitario a personal del Hospital Durand.

Según informó el portal I-Judicial, la Justicia porteña ordenó cautelarmente al Ejecutivo local que entregue de forma inmediata los elementos de protección necesarios a una enfermera de ese establecimiento.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 13, Guillermo Scheibler, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “de manera inmediata adopte las medidas necesarias para prevenir el contagio, le proporcione una adecuada protección y le provea de los elementos de protección (EPP) necesarios para evitar el contagio del COVID-19 de acuerdo con la actividad y tarea que desarrolla”. Además, ordenó a Provincia A.R.T. S.A. a dar cumplimiento a las normas de higiene, seguridad, control y supervisión del empleador en los términos de la ley nacional 24.557.

La denuncia apunta al Gobierno de la Ciudad por entender que la falta de elementos de seguridad e higiene lesionan “de manera arbitraria y manifiesta derechos constitucionalmente protegidos, al no proveer elementos de seguridad sanitaria básicos tales como barbijos adecuados, camisolines, antiparras y alcohol en cualquiera de sus formas y, de este modo, exponerla, en su calidad de enfermera, a un peligro grave e inminente de contraer el virus Covid-19 en ocasión de prestar sus tareas normales y habituales”.

En cuanto a los hechos específicos del caso, detalló que “en el nosocomio en el que se desempeña existen casos confirmados de Covid-19 y sus tareas específicas conllevan un trato directo con pacientes en áreas de alto grado de contaminación vírica”. Además señaló que “las medidas de seguridad sanitaria son necesarias por su vida y la de todos los pacientes que atiende, dado que si contrae el virus podría retransmitirlo a una velocidad incalculable de unos a otros, lo que implica maximizar los riesgos de contagio”.

El magistrado recordó que “en la Ciudad de Buenos Aires se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 1- GCBA – 2020, mediante el cual se declaró la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad hasta el 15 de junio de 2020”. Subrayó que el personal de salud desarrolla un servicio esencial que lo exceptúa del aislamiento social preventivo y obligatorio y que “dicho nivel de exposición al contagio del coronavirus obliga a los empleadores a garantizar un marco sanitario adecuado”. También hizo referencia a la resolución que establece para el población en general el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público. El juez Scheibler concluyó que “resultaría paradójico que el propio Gobierno no suministre elementos de protección adecuados a aquellos de sus dependientes que son personal de la salud y se encuentran cumpliendo funciones esenciales en este contexto de emergencia sanitaria”.

El fallo en el caso de la enfermera que realizó la denuncia confirma la situación planteada por el resto de los trabajadores y trabajadoras del Durand, que desde que llegó el coronavirus al país vienen advirtiendo sobre la falta de recursos e insumos para protegerse debidamente y resguardar a los pacientes.

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