SERÁ LEY

Tras el pañuelazo federal, senadores definieron que el debate será el 8 de agosto

Los jefes de los distintos bloques definieron que el próximo 1º de agosto se firmará dictamen y que la semana siguiente llegará al recinto la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora resta confirmar la cantidad de comisiones intervinientes y definir si finalmente se mantiene la decisión de Michetti, se somete a votación del cuerpo y se modifica o no.

Los jefes de los distintos bloques de la Cámara Alta llegaron ayer a un acuerdo para que la iniciativa aprobada por Diputados llegue al recinto el 8 de agosto. Durante la reunión se acordó la fecha para la votación y una semana antes, el 1 de agosto, se pasará a la firma el dictamen. Todavía resta resolver el conflicto por las comisiones que intervendrán en el debate.

Cabe recordar qe la semana pasada la vicepresidenta Gabriela Michetti había girado el proyecto a cuatro comisiones, dos más que las solicitadas por los sectores que apoyan la iniciativa. El interbloque Argentina Federal, que preside Miguel Pichetto, y el FpV-PJ, que encabeza Marcelo Fuentes, impugnaron esa decisión, que será debatida hoy por el conjunto de los senadores.

La funcionaria había dispuesto que, además de Salud y Justicia, se incorporen las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. La primera la preside el macrista Esteban Bullrich, antiabortista y la segunda el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, que ayer ratificó su “posición personal a favor de la vida”.

Por su parte el radical jujeño Mario Fiad, presidente de la comisión de Salud, manifestó estar "categóricamente a favor de las dos vidas". En ese sentido sostuvo: "No estoy de acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Es cuestionable desde su constitucionalidad, lo que implica un retroceso en el respeto por el derecho a la vida, derecho éste primero, fundamental y condición indispensable para el ejercicio de otros derechos”.

En esa lína, el senador Alfredo De Angeli se pronunció en contra de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y argumentó que la legalización sería muy costosa y que el sistema de salud no podría enfrentar ese gasto. Este razonamiento fue desmentido por completo por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien explicó que los mayores costos se producen cuando deben atender a las mujeres que padecen complicaciones tras realizarse un aborto clandestino.


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