Policía de la Ciudad: dos años contra vendedores, mujeres y manifestantes en la vía pública

La Policía de la Cuidad entró en funciones el primero de enero de 2017, tras la aprobación de la Ley de Seguridad en la Legislatura en noviembre de 2016. En sus dos primeros años de funcionamiento, la fuerza porteña marcó un accionar que no se conocía hasta entonces y que se caracterizó por situaciones de violencia institucional contra vendedores, artistas, afrodescendientes y hasta, por primera vez en décadas, represión de protestas masivas en el centro porteño. 

Su bautismo de fuego se llevó a cabo el 9 de enero de 2017 en el barrio de Balvanera, con un operativo de desalojo a 1800 manteros, que terminó con dos detenidos, dos heridos y un periodista lesionado, y que estuvo a cargo del comisionado Roberto Ahmed, policía de vieja data en la Federal. 

No obstante, según Manuel Trufo, investigador del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, desde poco antes de su creación existieron tres momentos que marcaron y dirigieron el accionar de la fuerza. El primero fue a partir d el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en diciembre de 2015, que habilitó a la Policía a pedir documentos de identidad en la vía pública. 

“Fue una ampliación de las facultades policíacas. Lo que aumenta es el nivel de discrecionalidad de tener acciones arbitrarias. A partir de ahí se empezaron a recibir más denuncias y más situaciones de detenciones arbitrarias y reacciones violentas de los efectivos hacia la personas que querían registrar con sus teléfonos”, detalla Trufo.

Para Demián Zayat, coordinador del Programa contra la violencia institucional del ministerio Público de la Defensa, desde ese momento hubo un cambio en las herramientas que utiliza la fuerza porteña. “Con los vendedores ambulantes, hasta el 2015 la manera de hostigarlos era con el Código Contravencional, hacían actas por contravenciones. Cuando el Tribunal Superior de la Ciudad insta a pedir documentos, estas interacciones se convirtieron en causas por resistencia a la autoridad e intimidación pública”, argumenta.

“Eso permite a los efectivos llevar detenidos a las comisarías cuando antes no lo podían hacer. No hubo un aumento en la cantidad de casusas; ahora están más dirigidas a vendedores ambulantes, artistas callejeros o una pareja de chicas besándose en la estación de Constitución. Hubo un cambio en la selectividad en las causas por resistencia a la autoridad”, explica.

Zayat pone como ejemplo el operativo realizado el 14 de abril de este año, en Avellaneda y Nazca, con 300 policías contra vendedores senegaleses. Allí, se hicieron detenciones arbitrarias a los afrodescendientes que circulaban por la vía pública, abaladas por el cambio del decreto migratorio de Mauricio Macri que endureció los controles y fomentó los procesamientos y la expulsión de migrantes.

Otro de los momentos que marcaron un hito fue a partir del 8 de marzo, en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Allí, se realizaron detenciones a 17 mujeres -entre ellas una periodista y una fotógrafa- 2 varones y un menor de edad que fueron llevados a las comisarías 1, 30 y la de la Comuna 4.

“El quiebre se da en las marchas masivas con actores políticos relevantes reprimidos. Fue un mensaje político. El 8 de marzo empieza la escalada que termina en las represiones de diciembre en el marco del debate por la reforma previsional, con una actuación policial muy violenta, con accionar ilegal por la presencia de policías sin identificación”, analiza Trufo.

Para Gabriel Fuks, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, entre el 8 de marzo de 2017 y el 18 de diciembre de 2017 se vio “una etapa de mucha confusión”. No obstante, el ex legislador aseguró que desde diciembre de 2017 hasta la fecha una “cierta mejora”.

“En últimas movilizaciones la de la GGT, de Ni Una Menos, del 24 de marzo y la última de la CTA con las velas, participamos de reuniones entre el ministerio de Seguridad de la Ciudad y los organizadores, que lograron que al menos en cada una de esas marchas no se viera lo mismo que habíamos visto en las anteriores”, dice.

“Por ejemplo, que la Policía no estuviera en la línea de contacto en forma provocativa con la movilización social, que no portara armamento, que si tenía que estar en contacto se hiciera de forma plenamente identificada. Que no hubiera  ningún tipo de provocación. Situaciones que uno dice son básicas pero después de lo que pasó el 14 y 18 de diciembre, ahí hay un ligero avance”, afirma.

El tercero y último hito del accionar de las fuerzas porteñas se dio con la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el caso Chocobar, el policía procesado por matar a un joven que atacó a un turista en el barrio de La Boca. Tras el hecho, en febrero de este año el presidente, Mauricio Macri, y Bullrich recibieron al efectivo en sus oficinas. "Vamos a cuidar a los que nos cuidan", dijo la funcionaria. "El agente Chocobar actuó en ejercicio de su deber", agregó, y afirmó además que iban a ayudar a Chocobar en su defensa legal.

“La ministra, a partir de este caso, trata de legitimar acciones policíacas de uso ilegal de la fuerza letal. Hay un antecedente previo que es la muerte de Rafael Nahuel. Es el apoyo a lo actuado por las fuerzas sin siquiera investigar lo que pasó. Es la convalidación automática de lo que dicen las fuerzas de Seguridad”, detalla Trufo.

Según la Correpi, desde 1983 hasta el 2017 hubo 5462 casos de gatillo fácil entre los que se registra “el mayor pico represivo de este período durante los años de la gestión Cambiemos”. “Nunca se había llegado al punto de generar un aval tan explícito por parte del poder ejecutivo a un accionar que es completamente ilegal”, detallaron.