POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA DÉCADA MACRISTA

¿Y por casa cómo andamos?

El presidente se presentó la semana pasada como “el primer feminista”. No obstante, tras diez años de Gobierno del PRO en la Ciudad muestran una alta desigualdad entre hombres y mujeres y un exiguo presupuesto destinado a las políticas de género. Los vetos y los recortes de Macri a las políticas de asistencia a las víctimas de la violencia y de la trata.

Werner Pertot
Es fantástico. El presidente Mauricio Macri fue definido esta semana como “el feminista más inesperado”. Primero por un diario oficialista, luego por una funcionaria nacional. Hasta hubo intentos de construir esa imagen que choca contra la dura verdad: además de sus dos años como presidente, Macri fue ocho años jefe de Gobierno y el PRO sigue al frente de la Ciudad. En esta década porteña, no hubo mejora de los indicadores de desigualdad entre hombres y mujeres y el presupuesto destinado a las políticas de género sigue siendo exiguo: es menos del 2 por ciento del dinero del Ministerio de Desarrollo Humano.

La construcción del Macri feminista no solo se cae cuando uno repasa sus frases a lo largo de los años (la de los piropos, la de que la mujer está para criar a los hijos), sino cuando se miran los datos de cómo dejó la Ciudad esta década de macristas gobernando. Un informe de La Fábrica porteña, el think tank kirchnerista, indica que en la actualidad la Dirección General de la Mujer porteña tiene un presupuesto que representa tan solo el 2 por ciento del total del dinero que recibe el Ministerio de Desarrollo Humano. Durante la gestión de Macri, La Fábrica advirtió que el presupuesto destinado a todos los programas asociados a derechos sexuales no superaba el 0,0049 por ciento del total de los fondos del Gobierno de la Ciudad. Además, el informe brinda algunos datos sobre la situación de la desigualdad entre los géneros en la Ciudad de Buenos Aires:

Hay 117 mujeres cada 100 varones y un 42,7 por ciento de ellas son jefas de hogar. No obstante, las mujeres tienen una tasa de actividad más baja (58 por ciento vs. 72 por ciento de los varones) y una tasa de desocupación más alta (9,8 por ciento contra 6,4 por ciento).

La desigualdad se profundiza en los barrios más pobres: la Comuna 6 (Caballito) tiene la tasa de actividad femenina más alta (62.7 por ciento) mientras que la Comuna 8 (Lugano) tiene el indicador más bajo: 50.4 por ciento.

En cuanto al trabajo no remunerado, las mujeres que viven en la zona sur destinan casi el doble de tiempo que los hombres de la misma zona (6:27 horas diarias contra 3:36). Las mujeres del sur de la Ciudad destinan una hora y media más al trabajo no remunerado que las mujeres de la zona norte (4:09 horas)

Sólo un 2,2 por ciento de las mujeres ocupan puestos de dirección en el sector privado, mientras que los varones lo hacen en un 3,5 por ciento.

En la década macrista en la Ciudad, no hubo mejora de los indicadores de desigualdad entre hombres y mujeres y el presupuesto destinado a las políticas de género sigue siendo exiguo: es menos del 2 por ciento del dinero del Ministerio de Desarrollo Humano.



Todos estos indicadores, que muestran la impronta de la desigualdad en la Ciudad, no fueron combatidos por el gobierno de Macri durante sus ocho años en la Ciudad. Un repaso por sus acciones de Gobierno demuelen el mito del Macri feminista. Para empezar, hay que recordar que el ahora presidente recortó progresivamente el presupuesto de la Dirección General de la Mujer: si era el 0,1 por ciento del total en 2007 cuando llegó al poder, en 2015, el año en el que dejó el Gobierno porteño, representaba el 0,06 por ciento.

La Dirección General de la Mujer además tuvo fuertes recortes de personal: según ha escrito incansablemente la periodista Luciana Peker, pasó de tener 316 personas en 2009 a 212 en 2014. Además, cerró el programa de atención a víctimas de delitos sexuales y echó a su coordinadora, María Elena Leuzzi. Luego de la polémica que se armó, dieron una marcha atrás parcial: dijeron que seguiría, pero solo con personal de planta. Un claro caso de si pasa, pasa. Cuando le consultaron por el motivo del recorte, Macri dijo que no estaba en tema y especuló: “Se puede haber reasignado a otras áreas que son más importantes” (SIC). Producto de este recorte de personal, el tiempo de atención del 0800-MUJER para una víctima de violencia de género se duplicó. Si en 2004, en la era pre Macri, esa línea recibía 13.276 llamadas, en 2010 se registraron 8891: un 33 por ciento de reducción en la ayuda a víctimas de la violencia machista.

Si necesitamos más pruebas de qué piensa Macri de los derechos de las mujeres, basta con observar sus vetos. En 2010, vetó una ley que creaba una Oficina contra la Trata de Personas. Además de Macri, el decreto lo firmó María Eugenia Vidal. Luego de un nuevo escándalo, anunciaron que creaban una dependencia similar, pero si uno observaba la letra chica se encontraba con que era una mera coordinación entre ministerios, sin personal ni presupuesto real. De hecho, jamás se supo nada de su funcionamiento.

Pese a que ahora se vanagloria de haber abierto el debate en el Congreso, como jefe de Gobierno Macri vetó una ley que reglamentaba los abortos no punibles, siguiendo un fallo de la Corte Suprema (fallo FAL). Esa norma, que fue votada en marzo de 2012, planteaba que los hospitales públicos y privados tenían que realizar la interrupción legal del embarazo en los casos en que se afecte la salud de la mujer, o bien sea consecuencia de una violación, sin más requisitos que la voluntad de la mujer. Y tenían un plazo de cinco días. Además, aceptaba como válido el consentimiento de una adolescente a partir de los 14 años y prohibía que se interpongan “obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la prestación”. “Soy el jefe del veto”, se rió Macri antes de eliminar esa ley.

Macri la borró de un decretazo en septiembre de 2012 y, en paralelo, su ministro de Salud, Jorge Lemus, dictó un protocolo restrictivo, que exigía cosas que la Corte Suprema nunca planteó y que iban, incluso, contra la legislación vigente. Por ejemplo, planteaba que los abortos no punibles en caso de violación debían realizarse dentro del límite gestacional de doce semanas y con un estudio ecográfico, cuando el Código Penal no fija un plazo. Es decir, el Gobierno de Macri retrocedió hasta antes de 1921, cuando se votó el aborto no punible. También planteó a intervención de un equipo interdisciplinario ante un pedido de un aborto legal y que el director del hospital confirme el diagnóstico en caso de que el embarazo implique u n peligro a la vida o a la salud de la mujer. En cambio, la Corte Suprema había dispuesto que era ilegal pedir el aval de más de un médico.

En una muestra de desprecio por las víctimas –ahora olvidada en la construcción del “Macri feminista”-, el entonces jefe de Gobierno llegó a revelar en una cena ante sectores antiderechos el lugar y el día en el que una víctima de la trata de personas se iba a hacer una interrupción de un embarazo producto de una violación. Ante la divulgación de esa información por parte de Macri, una ONG antiderechos presentó un recurso de amparo y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada decretó una medida cautelar que impidió la realización de la intervención. Esta mujer ya había tenido que llegar hasta la Corte para conseguir ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Gracias a Macri, la mujer debió pasar por más instancias judiciales, hasta que la Corte revirtió la cautelar. Finalmente pudo practicarse la interrupción del embarazo, no gracias a Macri, que jamás pidió perdón por esta revitimización. Por este motivo, tuvo abierta una causa judicial que, por supuesto, no llegó a nada.

Con la llegada de Horacio Rodríguez Larreta, las cosas no mejoraron: en el primer trimestre de 2017, el Gobierno porteño redujo en casi 10 millones de pesos el presupuesto de la Dirección General de la Mujer.



El Gobierno de Macri destinó, además, un presupuesto exiguo para el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI): 0,001 por ciento. Como contamos en otra oportunidad, en la práctica se está lejos de alcanzar los objetivos que se propone la norma. Mientras Macri gobernaba la Ciudad, el sindicato Ademys llegó a denunciar que los talleres de la ESI en una escuela de Villa Soldati los dio una ONG llamada Protege Tu Corazón, que les dijo a los chicos y chicas que la anticoncepción consistía en la abstinencia, que cualquier tipo de aborto es un asesinato y que hay que condenar la homosexualidad, la masturbación, el sexo oral y la pastilla del día después. ¿Quién era el ministro de Educación en ese momento? Esteban Bullrich, por supuesto.

Con la llegada de Horacio Rodríguez Larreta, las cosas no mejoraron: en el primer trimestre de 2017, el Gobierno porteño redujo en casi 10 millones de pesos el presupuesto de la Dirección General de la Mujer, según denunció la legisladora de Nuevo Encuentro Andrea Conde. La reducción se hizo en el programa de asistencia a las víctimas de violencia de género. Y esto fue después de querer recortarlo en el Presupuesto 2017, algo a lo que se opusieron activamente en la Legislatura las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer.

En el proyecto macrista, el aumento para el área de la mujer para 2017 era del 8 por ciento, cuando en promedio el presupuesto aumentaba un 45 por ciento (recordemos que la inflación de 2016 fue del 41 por ciento). Las trabajadoras lograron que en la Legislatura se le aumentara un 20 por ciento los fondos, aunque poco después Larreta volvió a recortar la partida.

Hay una ley en la Ciudad que plantea que los Centros Integrales de la Mujer (CIM) deben llegar a ser uno por comuna, como mínimo. Hasta ahora, no hay información sobre su apertura. En Nueva Ciudad, mostramos como incluso la política de falta de vacantes que continúa con Larreta afecta también a las víctimas de violencia de género. Como se puede ver, los hechos de gestión hablan con mucha más claridad sobre lo que piensa el macrismo de las mujeres que sus discursos de ocasión.

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