Ciudad: en un año se duplicaron las detenciones por “resistencia a la autoridad”

Un informe reciente de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación indica que  los procedimientos para casos de flagrancia por resistencia a la autoridad en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron : aumentaron de un 4 por ciento sobre el total de delitos ingresados en diciembre de 2016 a un 8 por ciento en abril de 2017.

“Estamos retrocediendo 30 años en derechos humanos, sobre todo en prácticas policiales que tienen que ser controladas por el poder judicial y por el gobierno. Es lo que se ve en la calle, un aumento de la violencia institucional en los últimos seis meses, en todos los casos se trató de detenciones arbitrarias que buscan el control social de personas estigmatizadas como peligrosas o desviadas”, remarcó el responsable del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Ciudad, Christian Gruenberg al diario Página 12.

En tanto,  la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informó que durante los últimos 15 años recibió entre 5 y 6 consultas mensuales por este tipo de situaciones. En los últimos meses, está recibiendo entre 5 y 7 consultas semanales .

 Los artículos 237/238 y 239 del Código Penal son los que dan sustento a la figura comodín de las fuerzas policiales. Allí se establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal .” Aunque nunca dejó de utilizarse esta figura legal, la policía viene sacándola de la gorra cada vez más para aplicarla a cualquier situación: el 8 de marzo manifestantes que participaron de la multitudinaria marcha de cierre del Paro Internacional de Mujeres fueron detenidas. No les tomaron la denuncia por la violencia que ejercieron los policías, pero sí les abrieron una causa por resistencia a la autoridad y lesiones.

El 26 de marzo detuvieron a Micaela Brambilla, la joven de La Garganta Poderosa que filmó cuando la policía esposaba en un procedimiento irregular a un menor de edad; el 2 de mayo seis vendedores ambulantes fueron detenidos durante la madrugada en un operativo en Plaza Constitución, donde estaba instalada una carpa de protesta desde hacía más de seis meses. Ell 9 de abril los docentes Juan Manuel Mauro y Miguel Acuña que trabajan en una escuela de la Villa 1-11-14 fueron detenidos por oficiales de la policía metropolitana y personal de civil mientras intentaban armar la carpa docente. Los cargos: “resistencia a la autoridad”.

Ese patrón es, según el juez de Garantías de Mar del Plata Juan Tapia,  uno de los problemas básicos que tiene la figura. “La carencia de testigos ajenos a la policía se constituye en una herramienta que permite un Estado penal paralelo  y en ese marco carecen de testigos de actuación. Y los policías se convierten en juez y parte”, señaló Tapia que, en su crítica, dijo que es posible pensar en derogar esa figura.

“Al amparo de investigaciones que ponen de manifiesto que la ‘resistencia’ es una figura residual que da lugar a un derecho penal paralelo que va generando relaciones de persecución y de hostigamiento. Figura que es empleada como un ámbito discrecional, sobre todo para ejercerla sobre cierto sectores”, remarcó.

Para Gruenberg, “hay que tener en cuenta que la regla es que la policía no puede detener sin orden judicial , y siempre encontró formas de de evadir esa regla usando discrecionalmente ciertas facultad como la averiguación de identidad. En determinados contextos esas facultades se amplían más o menos”, dijo y remarcó que “en ese sentido el fallo del Tribuna Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad amplió esa facultad”.

En el fallo del TSJ dictado en diciembre de 2015, los jueces convalidaron que la policía tiene la facultad de pedir documentación para identificar a personas sin motivo previo. El tribunal aclaró que, posteriormente, resultará necesario descartar que la actuación policial “haya sido guiada por parámetros discriminatorios” y que la legitimidad del acto dependerá “de un estudio de las circunstancias que la rodearon”.

 Para Gruenberg, la situación clásica es: “Te piden el documento y si no lo tenés te detiene por averiguación, y si lo tenés no es garantía de nada . Te pueden requisar y si te resistís te imputan de resistencia. De esta forma, miles de personas son detenidas de forma ilegal sistemáticamente en la ciudad y en esa interacción puede pasar de todo, como Bulacio que terminó muerto”, detalló.