El show debe continuar: Los señores de la noche

“La noche la manejan tres o cuatro personas”(S), es una frase recurrente a la hora de investigar a los empresarios. Diversas fuentes del negocio de la noche consultadas para este informe especial señalaron que se dividen en dos grupos. Por un lado del Grupo Pachá, que manejan el abogado Víctor Stinfale y el empresario Martín Gontad. Y por otro el Grupo Crobar, vinculado a Nicolás Barlaro, ex pareja de una hermana del presidente Mauricio Macri. (S)Entre los dos controlan la movida electrónica en Buenos Aires.

El Grupo Pachá tiene tareas repartidas entre sus cabezas visibles. Gontad es el que se dedica a traer artistas internacionales. El boliche Pachá promociona la venta de entradas a través de FM Delta, de Gontad. Las entradas para las fiestas electrónicas, como Creamfields o Moonpark, se vendían en el boliche Palacio Alsina, de Stinfale. Dentro de la fiesta, la venta de alcohol y agua adentro del lugar era toda de Energy Group, una empresa relacionada con el abogado y también con Dell Producciones, que hizo la fiesta Time Warp. Esa empresa es la que comercializa en la Argentina la bebida energizante Speed y tiene relación con un entramado de sociedades que describió el periodista Sebastián Hacher en esta nota y que el fiscal Federico Delgado viene desovillando semana a semana.

Stinfale es el más conocido por haber representado a Diego Maradona, a Moria Casán, al "Gordo Valor", al barrabrava xeneize José Barrita, a Carlos Telleldín y a Monzer Al-Kassar. Terminó su ciclo como abogado mediático cuando el juez Ariel Lijo le suspendió la licencia en el marco de la investigación por el encubrimiendo del atentado a la AMIA. Ahora está imputado en la causa por la muerte de cinco jóvenes y consiguió que le dieran prisión domiciliaria.

El otro gran sector es el del Grupo Crobar, que gira en torno al boliche del mismo nombre. Son los organizadores del Ultra Music Festival, donde en 2013 murieron otros dos jóvenes. “Entre Pachá y Crobar se reparten viernes y sábado. Están carterizados: viernes son de Crobar y los sábados son de Pachá”, cuenta un DJ que conoce de cerca el negocio de la noche. “Si sos un boliche chico y te querés meter en el negocio, les tenés que pagar tributo. Hace unos años el boliche Blow trajo a Jeff Mills, un artista internacional. Iban a hacer una fecha en la Ciudad, tenían habilitación, permisos, todo, y los de Crobar les mandaron una inspección y se los cancelaron. Después, les dijeron: ‘Si querés hacer un evento, tenés que pasar antes por nosotros’”, relató el DJ. Reglas de los señores de la noche.

Un fallo del juez Andrés Gallardo dejó expuesto que hay lugares que funcionan como boliches en las narices del Gobierno porteño. La decisión judicial se hizo conocida por frenar la actividad noctura –y fue levantada súbitamente por otro juez, que luego volvió sobre sus pasos-, pero incluía otros puntos:  “Uno vinculado a poder diferencias por qué había enviado a la Legislatura un proyecto para reducir daños en el caso de las fiestas masivas y por qué no hacía lo propio con decenas de fiestas electrónicas que ocurren en la ciudad a partir de los días jueves todas las semanas y en las cuales ya se habían registrado muertes. Es decir, cuál era la diferencia entre unas y otras nos parecía que era un punto muy importante para dilucidar”, señaló el juez Gallardo.



Allí, de nuevo, aparecen las fiestas privadas como un problema incluso mayor que el de los boliches, que están mucho más controlados. “Las llamadas fiestas privadas están ajenas a cualquier tipo de control. Se le pedía que informen cómo se iban a registra y a hacer públicas. Y por último la cuestión vinculada a los cuerpos de inspección, donde se había notado que eran exiguos”, indicó Gallardo.

El fallo de Gallardo indicaba que había 14 locales donde se hacían fiestas electrónicas ese fin de semana. El juez comprobó que cuatro no tenían habilitación y uno la tenía dada de baja: este último era Rumi, y los otros eran Hummer, Hood Club, The Roxy  y Mansión Wax. Desde la AGC señalaron que The Roxy funciona por una cautelar judicial, mientras que el resto fueron inspeccionados y no se encontraron irregularidades. Uno de los denunciantes en la causa de Gallardo sostuvo lo contrario: que no hubo ninguna visita a los boliches.

El juez Gallardo también tuvo una causa en la que encontró boliches (y otros locales) sin habilitación en Costa Salguero. “La gran mayoría de los establecimientos que se encontraban dentro del perímetro no tenían habilitación. Era una especie de zona franca sin ningún tipo de control. Y donde, evidentemente, los inspectores que pasaban tenían algún problema sensorial”, ironizó el magistrado. Hoy en la Costanera hay algunos boliches como La Diosa que figura con la habilitación dada de baja, pero publicita fiestas todos los fines de semana.

En esa causa, uno de los denunciantes fue Facundo Di Filippo, dirigente del Partido Social, quien no duda a la hora de señalar el estado del sistema de controles porteños: “La AGC sigue teniendo los mismos niveles históricos de corrupción. El decreto que sacó Macri en 2010, después de Beara, es bastante laxo. Lo que quedó claro después de Costa Salguero es que es inservible para este tipo de actividades”. “Después de  Cromañón había una necesidad de mejorar los controles, por lo que no puedo entender por qué hay tan poca gente para esa tarea y sí hay siempre inspectores dispuestos a clausurar centros culturales”, indicó. De hecho, los centros culturales barriales vienen sufriendo un incremento en las inspecciones tras la tragedia de Costa Salguero, pese a que su actividad no tiene relación alguna con las fiestas electrónicas. Di Filippo denunció que el macrismo renovó las concesiones de la Costanera norte previo a crear allí el Distrito Jóven, con el que subirán el costo de los terrenos y las ganancias de los privados.