DERECHOS HUMANOS

Rosenkrantz criticó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Uno de los candidatos de Macri para integrar la Corte Suprema de Justicia se opuso a la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la de los indultos.

Carlos Rosenkrantz uno de los dos jueces designados por decreto por el presidente Mauricio Macri para la Corte Suprema pero poco se conoce de él por fuera del ámbito judicial, donde es muy respetado.

Según publica el diario Página 12, en uno de sus libros titulado Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo), rechaza dos decisiones centrales de la Corte que ahora integra, los fallos Simón y Mazzeo, que en 2005 y 2007 dictaron la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la de los indultos.

El jurista sostiene que comparte los argumentos del recientemente jubilado juez Carlos Fayt para rechazar los fallos que le abrieron la puerta a la condena a más de 600 represores de la última dictaduar cívico militar.

El artículo fue publicado en la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, y allí Rosenkrantz debate sobre la aplicación en el derecho local de jurisprudencia internacional luego de que la reforma constitucional de 1994 diera rango superior a las leyes a los tratados internacionales.

En el caso puntual de las sentencias Simón y Mazzeo, se refiere al antecedente citado por la Corte, el caso Barrios Altos, Perú, en el que la Corte Interamericana de Justicia estableció que no prescriben ni pueden ser amnistiadas las graves violaciones a los Derechos Humanos.

El candidato de Macri a la Corte Suprema se diferenció de sus pares y sostuvo que no son similares los casos de Perú y la Argentina. Aseguró que en Perú “la amnistía hacía imposible el acceso a la verdad a las víctimas e impedía absolutamente la persecución penal”, mientras que en Argentina, las leyes sancionadas “sólo restringían las posibilidades de imputación penal en el tiempo y respecto de las personas involucradas”.

Opinó además que la amnistía argentina “no hacía imposible la averiguación de la verdad por parte de las víctimas en tanto existían otros mecanismos que podían usar para determinar con bastante aproximación qué fue lo que sucedió con ellas o sus seres queridos”.


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