Nuevo régimen de retiro voluntario para estatales abre tensión dentro del Gobierno de Milei

El Ejecutivo oficializó el Decreto 1203/2026 para reducir la planta del Estado, pero la medida generó resistencia dentro del propio oficialismo, donde crece la queja por falta de personal y salarios congelados.



El Gobierno nacional oficializó el lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026 publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El propio Sturzenegger confirmó que alrededor de 20.000 trabajadores se encuentran en condiciones de acogerse al plan. El gremio ATE, en cambio, estima que el universo de alcanzados asciende a 21.187 empleados.

La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del ministerio de Desregulación, será la autoridad de aplicación. El esquema contempla pagos de hasta 20 sueldos e incluye una restricción para evitar la denominada "puerta giratoria": quienes acepten la compensación quedarán inhabilitados para volver al sector público por un plazo de ocho años.

Además, la aprobación final de cada solicitud dependerá de las autoridades de cada área, que tendrán 40 días corridos para evaluar si la baja no compromete la continuidad de los servicios.

Sin embargo, la medida no goza de simpatía total dentro del oficialismo: la dotación de la administración pública nacional ya descendió a 269.025 personas hacia agosto de 2026, una reducción acumulada de más de 74.000 puestos desde diciembre de 2023, y cada vez son más las quejas de funcionarios de alto rango por la falta de personal.

Si bien en 2024 los despidos contaban con amplio consenso interno, esa mirada fue cambiando mes a mes a medida que cada ministro comprobó cómo las tareas propias de la gestión comenzaron a encontrar dificultades.

Primero, por la falta de personal producto de los planes de cesantías; después, por los sueldos congelados, que fueron una constante desde el inicio de la gestión.

Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores llegó incluso a dar un paso al costado para volver al sector privado, tras batallar por mejores remuneraciones para su equipo.

El nuevo régimen no cayó de buena manera en varias líneas del oficialismo, donde consideran que solo agravará problemas estructurales y apuntan las miradas hacia Sturzenegger como el impulsor de la reducción del empleo público.

La iniciativa se suma a otros programas de retiro voluntario implementados durante 2026 en organismos como ANSES, INTA y la Administración de Parques Nacionales, pero a diferencia de esos esquemas sectoriales, el nuevo decreto establece un régimen común para toda la administración centralizada.

ATE calificó la medida de "despido extorsivo" y convocó a una movilización para el miércoles 21 de octubre a las 17 horas, frente a la Quinta de Olivos.

Aunque la reducción del Estado fue una de las principales banderas del oficialismo desde diciembre de 2023, cada vez más funcionarios advierten sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de distintas áreas.

Sturzenegger, en tanto, defendió la medida con un argumento que recorre toda la gestión: "Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos."

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