Macri llamó extorsionadores a los Metrodelegados y avaló los arrestos

Desde las 7 de la mañana, trabajadores de la Línea B realizaban un levantamiento de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas como protesta por la suspensión que consideran arbitraria de un compañero, cuando el gobierno de Jorge Macri envió a la policía a intentar que se levantara la medida, alegando contar con una orden de detención contra uno de los delegados. Cuando se intentó detener al delegado Sebastián Carrizo, intervinieron Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia para impedirlo, lo que derivó en el arresto de los tres, que fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte de Chacarita. El tercer detenido fue el dirigente Néstor Segovia, señalado por agredir a personal policial.

Las detenciones fueron ejecutadas por efectivos de la División Subtes de la Policía de la Ciudad, cuando los delegados intentaban la apertura de molinetes y puertas de emergencia, y se produjeron por disposición de la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, ante la consulta policial.

La noche anterior, la AGTSyP ya había emitido un comunicado alertando sobre la presencia de empresas tercerizadas realizando tareas propias del personal de mantenimiento, calificándolo como una violación al convenio colectivo y una forma de contratación ilegal. La protesta de la madrugada fue entonces la acumulación de dos conflictos paralelos: la suspensión de un trabajador y la tercerización denunciada por el gremio como ilegal.

La AGTSyP advirtió que no habría servicio de subte hasta la liberación inmediata de los compañeros detenidos, exigiendo también el cese de lo que calificó como represión, sin precisar un horario de reanudación.

Distintas organizaciones sindicales repudiaron lo que calificaron como un gravísimo ataque del gobierno de Jorge Macri al derecho a la protesta y a la organización sindical.

Legisladores y dirigentes gremiales sostuvieron que la fiscal ordenó la detención de trabajadores que estaban ejerciendo su derecho constitucional a protestar levantando molinetes y yendo a la huelga, subrayando que en la Ciudad no rige ningún estado de sitio.

Macri difundió su posicionamiento desde España, donde se encontraba en el marco de una visita oficial. Lejos de condenar el operativo policial contra representantes sindicales en ejercicio de sus funciones, el jefe de Gobierno lo respaldó con un tono deliberadamente confrontativo. Escribió en sus redes que en su gestión "lo que la Justicia ordena se cumple", que no aceptaría "extorsiones mafiosas" y que quien bloquea un servicio esencial "va preso".

El mandatario endureció aún más su postura al asegurar que no iba a permitir que los detenidos "le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis".

El discurso de Macri expone con claridad la lógica que subyace a su gestión del conflicto laboral: equiparar el ejercicio del derecho de huelga con extorsión, criminalizar la protesta gremial mediante el aparato policial y judicial, y negar cualquier legitimidad a los reclamos de los trabajadores. Las detenciones tienen como marco jurídico la declaración del servicio de subtes como esencial por parte de la administración porteña en junio pasado, una decisión que ahora el gobierno utiliza como herramienta para justificar la represión de medidas de fuerza constitucionalmente protegidas.

Desde el gremio, los delegados sostuvieron que los trabajadores tienen derecho a organizarse, a protestar y a realizar medidas de fuerza, y que ese derecho está garantizado por la Constitución. La pregunta que queda abierta es si la Justicia porteña, que ordenó los arrestos, acompañará hasta el final una postura que amplios sectores del movimiento sindical ya calificaron de inconstitucional.