Gagliardi cuestionó la política de residuos del Gobierno porteño: “La Ciudad pierde millones en políticas mal implementadas y sin control”

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad cuestionó la decisión del Gobierno porteño de comenzar a retirar los contenedores antivandálicos instalados hace poco más de un año. Apuntó contra la falta de control y puso el foco en los contratos de recolección, prorrogados hasta 2028.



La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), Mariana Gagliardi, cuestionó la política de higiene urbana del Gobierno porteño luego de conocerse que la administración de Jorge Macri comenzó a retirar parte de los contenedores antivandálicos instalados durante 2025.



“Más allá de la mala gestión, hay una responsabilidad política: la Ciudad pierde millones en políticas mal implementadas y sin control”, sostuvo Gagliardi.

La decisión del Ejecutivo comenzó como una prueba piloto en Recoleta, donde algunos de los dispositivos antivandálicos fueron reemplazados nuevamente por contenedores tradicionales. Según informó La Nación, el Gobierno porteño justificó el cambio en la necesidad de contar con mayor capacidad para almacenar residuos.

Durante 2025, la Ciudad había avanzado con la instalación de alrededor de 7.000 contenedores antivandálicos en distintos puntos considerados críticos. El modelo buscaba impedir que las bolsas pudieran ser retiradas una vez depositadas y evitar que los residuos terminaran esparcidos en la vía pública.

Sin embargo, poco más de un año después de su implementación, comenzaron los reemplazos. El Gobierno porteño no informó cuántas unidades serán retiradas ni precisó el costo total que tuvo la operación.

Para Gagliardi, la discusión excede la decisión puntual sobre los contenedores y debe ponerse sobre la gestión integral del servicio de higiene urbana.

“Gobernar no es anunciar medidas y después dar marcha atrás. El problema de fondo es que le sostienen contratos millonarios a las mismas empresas desde hace más de 14 años por un servicio que funciona mal”, afirmó.

Los contratos de recolección vigentes tienen su origen en la licitación realizada en 2013. En 2021, el Ejecutivo porteño acordó una prórroga que extendió su vigencia hasta 2028. La controversia se produce, además, en un contexto de reclamos por el estado de limpieza de la Ciudad. Mientras el Gobierno endureció en las últimas semanas los controles sobre comercios y consorcios por los horarios para sacar los residuos, la discusión vuelve a poner el foco sobre cómo se administran y controlan los contratos responsables de uno de los servicios públicos más importantes y costosos de la Ciudad.

Desde la Auditoría porteña vienen advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre la prestación. Para Gagliardi, el retiro de los contenedores vuelve a mostrar un problema que va más allá de una medida que no funcionó como estaba previsto: cuánto le cuestan a la Ciudad las decisiones que se toman sin planificación, seguimiento y evaluación suficientes.

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