El Presupuesto 2027 incluye cambios profundos en el sistema de discapacidad: qué modifica el proyecto enviado al Congreso

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla cambios de fondo en materia de discapacidad. Entre los puntos centrales figura la fijación de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70% del haber mínimo jubilatorio, junto con nuevas condiciones vinculadas a su compatibilidad con el empleo formal y otros ingresos.

Concretamente, el proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. 

El proyecto elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión no contributiva. Hasta ahora, contar con ese certificado habilitaba el trámite; de aprobarse la reforma, los requisitos de acceso dejarían de estar fijados por el Congreso y quedarían librados a lo que determine la reglamentación del Poder Ejecutivo, lo que implica una transferencia de atribuciones desde un cuerpo colegiado y público hacia un decreto que puede modificarse sin debate parlamentario.

A esto se suma la eliminación del mecanismo que permite la suspensión temporaria del beneficio y la rehabilitación inmediata de la pensión cuando finaliza un contrato de trabajo: bajo el régimen vigente, una persona con discapacidad que consigue empleo y luego lo pierde puede recuperar ese beneficio sin demoras.

El proyecto también plantea eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y permitir que los aranceles sean definidos según cada financiador o jurisdicción.

Este cambio podría profundizar las dificultades de acceso a prestaciones en provincias con menor disponibilidad de prestadores especializados. Además, el texto deroga los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793.

Uno de esos artículos garantizaba, para quienes cobran la pensión no contributiva, el acceso a un programa médico de atención con un piso de prestaciones fijado por la Ley 24.901; con la derogación, esa cobertura deja de ser un derecho legal exigible y pasa a depender de decisiones administrativas.

La presentación del Presupuesto llegó al Congreso a través de la mesa de entradas de Diputados y exhibe como eje central del programa económico la intangibilidad del superávit financiero.

En diciembre de 2025, el oficialismo ya había intentado derogar parte de estas regulaciones mediante un capítulo específico del Presupuesto 2026, pero la oposición logró rechazar ese tramo durante la votación en particular.

La maniobra del Poder Ejecutivo sorprendió a la oposición dialoguista, que ya había pedido, entre otras medidas, acelerar los plazos de pago a los prestadores —actualmente pueden superar los 90 días— y fortalecer los mecanismos de auditoría de las pensiones.

Estas modificaciones deberán atravesar la discusión parlamentaria y no entran en vigencia por la sola presentación del Presupuesto.

El proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad será girado a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto, que sesionarán el 16 de septiembre y buscarán emitir dictamen el 23.

Los bloques opositores sostienen que las dificultades que llevaron al Congreso a declarar la emergencia en 2025 no desaparecieron, y el proyecto que impulsa la oposición propone extender la vigencia de la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027, manteniendo las herramientas presupuestarias necesarias para su aplicación.