El Gobierno disolvió la administración de Olivos y la Casa Militar asume la seguridad presidencial

El Gobierno anunció el jueves que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del presidente Javier Milei y su familia.

La medida implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, organismo que hasta ahora tenía a su cargo la organización y el funcionamiento de la Quinta, la administración de bienes y servicios y la coordinación de distintos aspectos de la custodia presidencial. El traspaso completo de responsabilidades y bienes deberá concretarse en un plazo máximo de 60 días.

El Gobierno confirmó que los empleados despedidos son 12, entre ellos el hasta entonces intendente de la Quinta, Osvaldo Javier Sosa. El resto del personal civil afectado será reubicado en otras dependencias oficiales, principalmente en la Casa Rosada. Las tareas administrativas, de limpieza y cocina continuarán en manos de personal civil.

Según fuentes consultadas por El Cronista, filtraciones que comprometerían la seguridad presidencial habrían acrecentado la desconfianza hacia los empleados civiles y acelerado el proceso de recambio. La Casa Militar, que desde marzo de 2024 tiene como jefe al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, opera en la órbita del Poder Ejecutivo y depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

La estructura anterior contemplaba la participación conjunta de la Administración General, la Casa Militar y la Comisaría de la Casa de Gobierno en los servicios de seguridad de la residencia. Con la reorganización, esa responsabilidad quedará concentrada exclusivamente en la Casa Militar, que ya tiene entre sus objetivos proveer la seguridad del Presidente, su familia y la coordinación de los efectivos de la Policía Federal afectados a la custodia presidencial.

El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad, en un contexto que definió como de "escalada de la inseguridad a nivel global", y también la vinculó con la próxima visita del papa León XIV, que implicará el ingreso de personal externo para la ejecución de obras y servicios de acondicionamiento en la residencia.

Desde el Ejecutivo precisaron además que la iniciativa se enmarca en la Ley de Defensa Nacional y en las facultades propias de la Casa Militar, que incluyen la provisión de seguridad en todos los sitios donde se encuentre el Presidente, tanto en el país como en el exterior.

La medida generó una reacción sindical inmediata: el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, adelantó que el gremio entró en estado de alerta y que podrían producirse medidas de fuerza.

Detrás del argumento oficial de reforzar la seguridad presidencial, distintas fuentes apuntan a una creciente desconfianza hacia todo lo que sucede puertas adentro de la residencia de Milei como trasfondo real de la reestructuración. Hasta este momento de la gestión libertaria, no se habían concretado grandes cambios en la organización de la Quinta.