Milei otorgó aumentos de hasta el 35% a las fuerzas de seguridad mientras el conflicto universitario sigue sin resolverse

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial una serie de modificaciones salariales para el personal de las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales de seguridad y la Administración Pública Nacional, con vigencia escalonada a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2026. Las subas quedaron instrumentadas mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La medida representa una inyección de más de $50.000 millones mensuales para recomponer los ingresos de ambas fuerzas, en respuesta a semanas de creciente malestar interno por salarios retrasados y endeudamiento de los efectivos. 

Para las Fuerzas Armadas, el esquema establece un incremento acumulado del 12,22% entre septiembre y diciembre, con un primer tramo del 6,9% a partir del 1° de septiembre que alcanzará a todo el personal sin distinción de grado o jerarquía. Según el Gobierno, esta recomposición se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que los haberes militares proyectan cerrar diciembre con una suba cercana al 32% en el año. A ese esquema se agrega el beneficio del Suplemento por Título, instituido mediante el DNU 473/2026, que otorga adicionales del 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios, del 15% para universitarios de grado y del 25% para posgrados.

Para las Fuerzas Federales de Seguridad, el esquema que comenzará en septiembre combina una suba del haber básico con la creación, modificación y actualización de suplementos, y alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

En el caso de Gendarmería, el impacto informado será de entre el 20% y el 30% sobre el haber neto, con posibilidad de llegar al 35% en las jerarquías más bajas.

Sin embargo, el ajuste previo fue significativo: los salarios militares acumularon una pérdida promedio del 28% frente a la inflación desde fines de 2023, y hasta el presente anuncio un cabo del Ejército percibía en su haber básico el equivalente a 566 dólares, mientras una familia tipo requirió el doble para no caer en la pobreza según el INDEC.

En simultáneo, las universidades nacionales llevaron adelante un paro docente de cinco días, del 18 al 22 de agosto, en reclamo de salarios, mayor presupuesto y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, docentes y no docentes universitarios perdieron un 34,2% de su salario real. La Ley 27.795 de financiamiento universitario había sido sancionada el 21 de agosto de 2025, pero el Poder Ejecutivo la vetó en septiembre y, luego de que el Congreso insistiera con su aprobación en octubre, el Gobierno suspendió su aplicación argumentando falta de financiamiento.

Para evitar su implementación, el Ejecutivo envió en febrero de 2026 un nuevo proyecto al Congreso con modificaciones al esquema original.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto de las universidades nacionales acumula una caída real del 28,7% entre 2023 y 2025, y si se considera el crédito vigente proyectado para 2026, la reducción alcanza el 45,6% respecto de 2023.

Los anuncios para las fuerzas llegaron en un contexto de reclamos por los niveles salariales y el financiamiento de obras sociales; en el caso del acuerdo para la Administración Pública, fue aceptado por la UPCN pero rechazado por ATE. El contraste entre la recomposición dispuesta por decreto para el sector de seguridad y defensa, y el prolongado conflicto sin resolución en el sistema universitario, configura uno de los ejes del debate político en torno a las prioridades del gasto público del Gobierno.