Endeudamiento familiar: la oposición impulsa proyectos en el Congreso ante el récord de morosidad

Los números no dejan lugar a dudas: el endeudamiento de las familias argentinas alcanzó niveles sin precedentes en los últimos meses. Según un informe presentado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la morosidad de los hogares —es decir, el porcentaje de personas con atrasos superiores a 90 días en el pago de sus obligaciones— pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en mayo de 2026, lo que representa un aumento de más del 400% en menos de dos años. En términos absolutos, esto se traduce en 5,8 millones de argentinos con deudas vencidas, un crecimiento del 132% desde febrero de 2024.

La situación se agrava al observar el destino de esos créditos. Lejos de financiar bienes durables o inversiones, las familias recurren cada vez más a las tarjetas de crédito y a las billeteras virtuales para cubrir gastos cotidianos como el supermercado, los medicamentos, el alquiler y los servicios públicos. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas. Entre quienes tienen financiamiento con entidades no bancarias —fintech, aplicaciones de pago y similares—, la morosidad alcanza al 33%.

Proyectos en el Congreso

Frente a este escenario, distintos bloques de la oposición presentaron iniciativas legislativas que buscan declarar la emergencia económica y social por el sobreendeudamiento de las personas y los hogares. Una de las propuestas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas. 

El proyecto establece la posibilidad de acceder a créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. Además, fija un tope para la cuota mensual, que no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario. La idea es que estos fondos sirvan para sustituir deudas previas contraídas a tasas mucho más elevadas, especialmente en el circuito no bancario, donde los intereses pueden superar ampliamente el 100% anual. 

Otra iniciativa, presentada por legisladores de distintos partidos, contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago extendidos de hasta 60 meses y una tasa de interés preferencial para quienes se encuentren en situación de mora. Algunos proyectos incluso proponen la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), que permitiría identificar y asistir de manera diferenciada a quienes contrajeron deudas para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos. 

La campaña social por una ley de emergencia

En paralelo a las iniciativas parlamentarias, organizaciones sociales encabezadas por la Fundación Alameda lanzaron una campaña nacional de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. La propuesta, que ya cuenta con el respaldo de más de 40 entidades de todo el país, busca que el Estado reconozca jurídicamente una categoría específica de deuda: aquella contraída para garantizar la subsistencia de los hogares.

Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador, argumentó que históricamente el Estado argentino encontró mecanismos para intervenir cuando estaban en juego intereses económicos considerados estratégicos, como ocurrió con la absorción de deuda externa privada a principios de los años 80, la pesificación asimétrica de 2002 o los distintos regímenes de regularización patrimonial. "La pregunta que debemos hacernos hoy es sencilla: ¿por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?",

La campaña propone establecer mecanismos extraordinarios de protección durante la emergencia, incluyendo la suspensión de ejecuciones judiciales y otras medidas que profundicen la vulnerabilidad de los deudores, así como la posibilidad de condonación, estatización, quita de intereses, reducción de capital y refinanciación según la situación económica de cada hogar. Para los impulsores de la iniciativa, no se trata de "premiar la irresponsabilidad ni desconocer los contratos", sino de evitar que la deuda contraída por necesidad termine convirtiéndose en una condena permanente para millones de familias.

La respuesta del Gobierno

Desde el oficialismo, la postura es diferente. Funcionarios y legisladores oficialistas sostienen que las deudas de las familias constituyen contratos entre privados y que, por lo tanto, el Estado no debe intervenir en esas relaciones comerciales. Esta visión se alinea con la política económica del Gobierno de Javier Milei, que prioriza el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público como ejes centrales de su gestión. 

Sin embargo, economistas y analistas advierten que el sobreendeudamiento familiar no solo es un problema social, sino que también tiene consecuencias macroeconómicas. La morosidad extendida actúa como un freno al consumo interno, limita la capacidad de reactivación de la economía y profundiza la desigualdad, ya que los hogares más vulnerables son los que enfrentan las tasas de interés más altas y las condiciones de pago más onerosas. Además, el deterioro de los indicadores crediticios encendió las alarmas en el sistema financiero, donde los bancos comenzaron a restringir el otorgamiento de nuevos créditos ante el aumento del riesgo de impago.

Una crisis con rostro joven

Los datos revelan que el endeudamiento afecta de manera particularmente intensa a los segmentos más jóvenes de la población. Según consultoras especializadas, alrededor del 70% de los argentinos considera que su nivel de deuda aumentó en el último año, con un pico histórico del 74% registrado en junio de 2026. Entre quienes tienen atrasos superiores a 90 días, los menores de 25 años aparecen como una de las franjas etarias más comprometidas, en gran parte por el uso intensivo de billeteras virtuales y plataformas fintech para financiar gastos cotidianos.

En la provincia de Buenos Aires, seis de cada diez hogares debieron recurrir al crédito o al "fiado" para poder cubrir consumos elementales como alimentos, medicamentos y servicios básicos. De ese grupo, tres de cada cuatro familias aún no lograron saldar las obligaciones contraídas, lo que genera una bola de nieve financiera difícil de frenar y perpetúa un ciclo de vulnerabilidad económica.

Con los proyectos ya presentados y la recolección de firmas en marcha, la presión sobre el Congreso para que abra el debate sobre el endeudamiento familiar se intensifica. La pregunta que queda abierta es si el Parlamento logrará construir una mayoría que impulse una respuesta legislativa ante una situación que, según los números, ya afecta a millones de argentinos.